La Revista original

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Las causas del hambre

En 1970 se da una crisis económica mundial de la que el capitalismo todavía no se ha recuperado, de los 90’ en adelante se vienen dando crisis cíclicas.
En Argentina cae todo el sistema por el cual se había articulado el sistema económico desde la Segunda Guerra Mundial: aumento de los precios del petróleo (si el barril costaba de 3 a 5 dólares pasa a costar 12 dólares), esas bases sólidas de crecimiento de los años anteriores se van a ir resquebrajando. Todas las economías basadas en crudo son llevadas por este aumento a la recesión, que se traduce en inflación.
Los países productores de petróleo (que no son del Primer mundo): dólares que ingresan verde sobre verde, no es transacción financiera virtual. Qué van a hacer con esa plata? Nada. Uno podría suponer modernización de la economía, redistribución hacia los sectores postergados, pero no: va a pocas manos, se gasta en artículos suntuarios o se deposita en bancos europeos. Qué hacen los bancos europeos con esa inmensa cantidad de dinero? Por la recesión no se puede ubicar en los países del primer mundo, por lo tanto: el crédito es barato, créditos “blandos” absorbidos por países del Tercer Mundo. Las tasas de interés en los países centrales, por la recesión, son bajas, pero en la Argentina las tasas de interés van a ser altas. Retomaremos este tema y sus graves implicancias.
Se entra, coincidiendo con esta crisis económica, en el enfrentamiento Este-Oeste: recrudecimiento de la Guerra Fría → entonces EEUU empieza a intervenir Chile → la CIA y los empresarios estadounidenses están dispuestos a terminar por cualquier medio con el conflicto social, porque el conflicto social representa las impugnaciones al capitalismo (poner el sistema en duda y la posibilidad de cambiarlo). No van a permitir otra Cuba bajo ningún concepto.
1973 Golpe de Estado y asesinato de Salvador Allende, el presidente elegido por el pueblo chileno. La participación de la CIA está ampliamente comprobada.
1973 vuelta de Perón a la Argentina. Desde las FFAA se piensa: si Perón vuelve, puede manejar el conflicto social.
Pero cuando Cámpora gana las elecciones se da una movilización inmensa. Las cárceles era el espacio donde en lugar de delincuentes, había presos políticos, se produce una movilización social alrededor de las cárceles para liberarlos: la idea de que el conflicto social termina con la vuelta de Perón hace agua. Ezeiza: enfrentamiento a muerte entre la derecha y la izquierda del peronismo, que se separan con la vuelta de Perón. Desde Ezeiza hasta la Plaza de Mayo vacía se da la opción de Peón por la derecha.
Gelbard ministro de economía: Pacto social → busca la concertación cuando ya nadie quería la concertación (ni Montoneros, ni la CGT, CGO, ni los empresarios) Las economías mundiales habían cambiado! (como indicamos al comienzo) Ya no era posible.
Se da la ruptura definitiva de la Organización Montoneros con Perón. Comienza a operar la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Luder firma el decreto de participación de las FFAA en el “aniquilamiento” de la guerrilla → Operativo Independencia en Tucumán, 1975, terrorífico, a cargo de Buzzi en Tucumán. Se aplican los métodos de contrainsurgencia aprendidos de EEUU en la Escuela de las Américas que se aplicarán a gran escala en la dictadura del 76’. Para 1976 prácticamente la guerrilla estaba aniquilada.
Desde 1966 los militares tenían “vocación de poder”, se perciben a sí mismos como los “elegidos para ordenar la sociedad”.
Marzo de 1976: Los militares tienen un diagnóstico claro de la sociedad argentina: “La sociedad Argentina está enferma” → hay que curarla. Por qué? El orden está subvertido, de dónde proviene esta subversión del orden? Cuál había sido el “tumor”? → Las características de la sociedad en su estructura, esto es: El desarrollo de la Industria Sustitutiva (o sea: que el centro de la economía esté basado en la Industria, en la fábrica, no es casual que el mayor porcentaje de desaparecidos sea el correspondiente a la población obrera, ni que durante la dictadura se cerraran 20.000 fábricas. Sí, veinte mil fábricas cerradas)
Tal vez sea necesario recordar brevemente que desde la constitución del Estado en 1880 el modelo económico fue el Agroexportador (el grueso-no la totalidad- de la economía, o sea donde se genera la riqueza, pasa por la exportación de productos primarios: carne y trigo) hasta 1930, que por la crisis mundial y la falta de productos manufacturados provenientes del exterior se cambia el modelo económico por el de Mercadointernista o Industria por Sustitución de Importaciones (el grueso de la economía, donde se genera la riqueza, pasa por la fábrica, la industria). Esto genera un cambio social de magnitud: migración del campo a la ciudad, aparición de actores sociales con mucho peso: empresariado(industrial) y clase obrera. La oligarquía pensaba, pasada la crisis, desarmar el modelo y volver al modelo anterior (Agroexportador) cosa que no es tan simple por la existencia de estos 2 actores, y la modificación de la estructura en la sociedad, que la dictadura vino a desarmar.
La Industria sustitutiva tenía las siguientes características:
El objetivo político del desarrollismo y la industrialización había sido terminar con los problemas sociales (ej.: el desempleo)
Estado Interventor: quien guiaba éste crecimiento era el Estado, interviniendo directamente en la economía (lo contrario al Estado Liberal que deja la economía librada a sus propias leyes, y siempre redunda en profunda desigualdad social)
Estructura social: El crecimiento del sector patronal y de una clase obrera fuerte, organizada sindicalmente tienen la capacidad de presionar al Estado para profundizar este modelo de Industria Sustitutiva.
Para los militares éste tipo de Estado ↑ se terminó convirtiendo en un Estado débil, que estaba a merced de cómo se resolvieran los conflictos y no tenía capacidad de imponer el orden.
La Dictadura quería modificar a esa sociedad Argentina, además de destruir a los militantes, sindicatos, quería cambiar esa estructura: modificar los datos clave de la economía → Destruir la Estructura que había permitido éste tipo de sociedad: Industria por sustitución de Importaciones.
Para modificar las bases de la sociedad necesita un Estado Terrorista
→Terrorismo de Estado y nueva economía van de la mano: hay que destruir a todos los sectores que no van a permitir la nueva economía por verse seriamente afectados.
→Medidas represivas y económicas van de la mano, avanzando juntas: la dictadura no fue sólo la aplicación del terror sistemático, que es lo que más conocemos, sino que este terror fue acompañado de medidas clave en la economía que permitían cambiar esa sociedad.
El Estado se desdobla:
Cara Visible: Lleva adelante la modificación de la economía y por ende de la sociedad argentina. Política que se aplica para los vivos → Medios de comunicación (la propaganda emblemática de “las sillas” sobre la apertura de importaciones)
Nivel de censura → termina triunfando la autocensura (había un General en cada diario, era un suicidio mandar al Censor algo contra el sistema, los mismos periodistas se autocensuraban)
Las propagandas son muy significativas.
El anuncio del General Ibérico Saint Jean “al final vamos a ir (se refiere a ir a secuestrar) por los tímidos (los que no denunciaron)”
Cara Clandestina: se encarga del aniquilamiento y desaparición de personas → método sistemático (con esto queremos decir que fue cuidadosamente planificado y organizado, los horrores de la represión no fueron “excesos” de algunos: era el objetivo) aplicado por el Estado. No hubo guerra. Para que haya guerra tiene que haber dos ejércitos →fue el Estado contra la sociedad (si pretendiesen referirse a los guerrilleros como a un “ejército” habría que recordar que luego del operativo Independencia y la derrota en Monte Chingolo las organizaciones armadas estaban literalmente diezmadas). La imagen filmada de Videla haciendo gestos en el aire hablando de la figura del desaparecido “Qué es eso? La gente está muerta o viva, no existe el desaparecido”. La condensación de la oscuridad en el hecho de desaparecer personas, la ilimitada tortura y el robo de bebés.
MEDIDAS ECONÓMICAS
Reforma Financiera: 1977, Liberalización de las tasas de interés, acompañada esta medida por una “liviandad” en la autorización de bancos y financieras (por parte del Estado).
Pequeño curso de economía: El banco tiene que atraer clientes, que ponen plata. Si hay 2 bancos, elijo poco. Aumenta la cantidad de bancos, hay más competencia: deposito en el que me da más interés por la plata depositada (que puede llegar a duplicarse en un año) Qué le da garantía a todo esto? El Estado: garantiza los depósitos, si el banco quiebra viene el Estado y se hace cargo. Las tasas de interés en N. York y París eran más bajas que en Buenos Aires → Bs. As. Se transforma en una Plaza Financiera. Los inversores extranjeros, capitales buitres, buscan en el menor tiempo posible la mayor cantidad de ganancia. Se va a ir produciendo plata sin producir nada. Lo único que hizo fue la cola en el banco. Pero por sí solas estas medidas no podían provocar los cambios estructurales. Por eso la medida siguiente:
Apertura económica: terminar con la economía cerrada (de la Industria por Sustitución de Importaciones). Terminar con los aranceles a la importación (o sea los importadores no deben pagar impuestos) → para una industria que a principios de los 70’ había encontrado su techo (no hubo reinversión, tecnología obsoleta, incapacidad de competir con productos del exterior) esto es la sentencia de muerte. Afuera, en el resto del mundo hubo una revolución tecnológica (mientras seguíamos haciendo la tv blanco y negro de la época de Perón, afuera se hacía tv en color). Propaganda de las sillas: el marido de Moria Casán entra en escena mientras la voz en off dice que antes no podíamos elegir, y teníamos que conformarnos con la industria nacional (se sienta en la silla que tiene una bandera argentina y se rompe toda) ahora, continúa la voz, podemos elegir! Y el hombre festeja un ejército de sillas que entra con banderas de distintos países (la bandera argentina ya no es opción). La Industria nacional no estaba en condiciones de competir con el exterior, necesitaba medidas proteccionistas hasta desarrollarse.
Esto se conjuga con la medida anterior: las altas tasas de interés. Ninguna actividad productiva puede competir con las ganancias que dan las tasas de interés (si pusiera la plata en el banco ganaría mucho más) Encima no vendo ni una silla. Vendo la fábrica y pongo la plata en el banco →bicicleta financiera (economía ficticia: hago plata sin hacer nada) la economía real agoniza, porque no puede competir. 20.000 fábricas cerradas.
Endeudamiento. Recuerdan el excedente de capital depositado en los bancos europeos proveniente de los países petroleros? (petrodólares) Sobra plata, a quién se la prestamos? → Créditos blandos (aunque se caiga el deudor, me pagó 2 cuotas y ya me salvé, y lo voy cercando hasta que queda afuera: los que actualmente están en el Veraz quedaron afuera y ya no pueden entrar) Si un comandante de la Marina decía “para que ENTEL funcione necesitamos 3 palos” le decían “pedila al exterior”. También los privados. Por ejemplo, el padre de Mauricio Macri, Franco Macri, en ése momento tenía la empresa Fiat, toma préstamo, y lo reinvierte para hacer un fitito mejor? No, pide plata, pone su Fiat como garantía y deposita en el banco, vence el plazo fijo, retira su ganancia y renueva. También Fuga de Capitales: va depositando en Suiza, por el secreto bancario (nadie puede preguntar nada ni decir nada sobre los fondos allí) y va negociando su deuda y pidiendo nuevos préstamos. 3 años de Bicicleta Financiera. En 1081 esto empieza a tambalear: primeras Corridas Bancarias (cuando va mucha gente a sacar plata). Los Bancos también van sacando su platita a Suiza (Economía Bancaria). Cuando empieza a resquebrajarse, Domingo Felipe Cavallo, al frente del Banco Central tiene que hacerse cargo de las deudas de los Bancos (no de las deudas con el laburante, está claro, tiene que hacerse cargo del millón de Macri que hacía años que estaba en otro lado, y cuando se lo pagan tiene 2 millones).
1982 Méjico se declara en moratoria porque no puede pagar la deuda externa: Quiebre del sistema financiero internacional: todo pudo haberse hecho añicos, si no pagaban esas deudas era el quiebre de todos los bancos. Los préstamos eran dinero real que había sido parte de los activos de esos bancos (de los petrodólares), si yo, Banco, presté 900 y no me pagan, quiebro.Quién entra en escena? El FMI y el Banco Mundial: compran esas deudas con activos (dinero) pero con pasivos también (bonos). El FMI dio al City Bank 10 millones de dólares en efectivo y 90 millones en papelitos, bonos: no tiene la necesidad inmediata de cobrarlos.
Cambia la situación en el exterior: suben las tasas de interés en otros países, y se acaban los créditos blandos.
Cavallo nacionaliza la deuda de los privados → les devuelve la plata a los privados y sus deudas las convierte en nacionales. El Endeudamiento fue un proyecto político de los países centrales para arruinar a los países del Tercer Mundo que podían convertirse en competencia.
El capital financiero necesita espacio y va desplazando al capital productivo. El escenario fueron los países del Tercer Mundo. La Deuda Externa se sextuplicó durante la dictadura.
→Resultado: Nuevo Establishment Económico → Nuevo Guardián del Estado (pequeño grupo que concentra el poder económico y tiene el poder de veto al poder político: pueden llevarse los capitales y voltear cualquier gobierno, como el de Alfonsín) formado en la dictadura del 1976 por un nuevo sector empresarial, a partir de contratos ventajosos con el Estado Terrorista que fue favoreciendo a cierto grupo de empresarios amigos para que no caigan con la desindustrialización (ej.: ARCOR; Amalia Fortabat →el Estado le compraba el cemento más caro; Perez Companc, Techint; Borghi; Bunge y Born, Grupo Clarín, etc.) y tenerlos como aliados. En esa relación ventajosa con el Estado van a ser el guardián del Estado. El Estado va a necesitar de esos 5 tipos que concentran la economía. Crisis hiperinflacionaria de 1989: el establishment dijo basta a Alfonsín, entra Menem y profundiza el modelo. Otro Guardián van a ser los acreedores externos.
→Resultado de la dictadura: → Se aniquila una generación de dirigentes.
→Se aniquila una estructura socio-económica, dando paso a otra, el neoliberalismo, que deja como resultado niveles alarmantes de pobreza estructural

EEUU Terrorista y Genocida

EEUU genocida

Nada que envidiar a Menguele

El domingo 11 de febrero de 1946 el gobernador militar norteamericano de las islas Marshall reunió a los habitantes del atolón Bikini a la salida de misa y les dijo que “los científicos americanos quieren transformar una gran fuerza destructiva en algo beneficioso para la humanidad, que sirva para terminar todas las guerras”. Los bikinis lo escuchaban sin entender muy bien; al final, el norteamericano les preguntó si estaban dispuestos a sacrificar su isla por el bien de la humanidad. Los bikinis se miraron, hablaron un momento, y su rey, un tal Juda, dijo que sí, y que todo estaba en manos del Señor. El norteamericano les dijo que si todo estaba en manos del Señor iba a estar bien y organizó el operativo para sacarlos de la isla. Pocos días después una pequeña flota de barcos militares arruinados, tripulados por miles de cerdos, cabras, ratas y ratones, fue hundido en la laguna de Bikini ya vacía y le lanzaron, desde un submarino, tremenda bomba atómica.

Fue la primera. Sesenta y siete bombas atómicas después, en marzo de 1954, los norteamericanos hicieron estallar la bomba más bruta de la historia- la potencia de mil Hiroshimas-, llamada Castle Bravo, en una isla desierta a 170 kilómetros del atolón de Rongelap. En Rongelap la luz fue cegadora, tembló el mundo, un polvo blanco cubrió todo. Sus habitantes, aterrados, súbitamente enfermos, se retorcían, vomitaban, no podían entender qué les había pasado. Los norteamericanos llegaron dos días después; les ordenaron que se desnudaran y, desnudos, los subieron a una nave que los llevó hasta Kwajalein.

Allí les hicieron todo tipo de exámenes: estaban irradiados en niveles desconocidos hasta entonces. Les dijeron que había sido un error, que el viento había cambiado y les llevó las radiaciones; les dijeron que tendrían que quedarse durante un tiempo que no podían precisar. Tres años después los llevaron de vuelta a su isla; los niveles de radiación seguían siendo tan altos que, hasta bien entrados los setentas, se seguían enfermando- cánceres extraños- y las mujeres parían pequeños mounstros. “Yo estaba embarazada pero no engordaba”, contó una de ellas. ”El bebé nació a los siete meses y me cabía en la mano. Era un varoncito, se murió enseguida. Mi marido encontró una caja de fósforos y la usamos como ataúd.” Otros nacieron con un ojo, tres piernas, la piel transparente como medusas, el cerebro alrededor del cráneo. Las mujeres temían los embarazos como al diablo. De tanto en tanto, médicos militares llegaban a controlar el estado de salud de los isleños.

Los norteamericanos, prolijos, armaron una grilla de indemnizaciones: 125.000 dólares la leucemia, 100.000 el cáncer de mama con mastectomía, 50.000 el cáncer de tiroides. En 1956, en un debate de su Comisión de Energía Atómica, un funcionario dijo que “si bien es cierto que esa gente no vivía, digamos, como occidentales o como personas civilizadas, sin embargo también es cierto que se parecen más a nosotros que los ratones”. Recién en 1994 se hicieron públicos ciertos papeles del Departamento de Energía norteamericano: el Proyecto 41 definía que la población de esas islas debía servir para estudiar las consecuencias de la exposición radiactiva en los seres humanos. “El hábitat de los isleños nos permitirá recoger datos muy útiles sobre los resultados de la radiación. Podremos seguir los distintos radioisótopos desde el suelo hasta la cadena alimenticia y los seres humanos, donde estudiaremos su distribución en los tejidos y los órganos …” Y, más adelante, “los marshaleses irradiados constituyen la mejor fuente de observación de los efectos en seres humanos. Todos los modos de exposición continua están representados: irradiación penetrante, exposición de la piel a los rayos beta, absorción de material radiactivo…”

Todavía hoy, las islas Marshall viven sobre todo de subvenciones norteamericanas. No es del todo explícito, pero la razón de que las reciban son las pruebas nucleares.

EEUU Terrorista

Matanzas y dictaduras apoyadas por EEUU

FMI: Fábrica de Muertos de Inanición

Estatua de la libertad: estatua del libre comercio sangriento.

El ejemplo de Chavez y Sudamérica

Timor Ortiental se autoproclamó independiente de Portugal el 28 de noviembre de 1975. Nueve días después Indonesia lo invadió. Se cree que las brutales fuerzas de ocupación causaron la muerte de 200.000 personas, un tercio de la población de la isla.

Documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional establecen que el gobierno de Estados Unidos no sólo facilitó las armas utilizadas en la masacre, sino que aprobó explícitamente la invasión. De acuerdo con esa documentación, el presidente Gerald Ford y el secretario de Estado Henry Kissinger se reunieron con Suharto (el dictador de Indonesia que invadió Timor Oriental) el 6 de diciembre de 1975 y aceptaron su plan de ataque, que fue llevado a cabo el día siguiente. Los documentos revelan asimismo que la administración Carter bloqueó la desclasificación de esa información en 1977.

Veinte años después de la invasión, dos de los críticos de Indonesia más destacados recibieron el reconocimiento internacional. El obispo activista Carlos Filipe Ximenes Belo y José Ramos Horta ganaron el premio Nobel de la Paz en 1996. La distinción provocó conmoción en Yakarta, Washington y los pasillos de Wall Street.

Durante la década de 1970, enviar al ejército a esas regiones de mentalidad liberal se justificaba como necesario para detener el comunismo. La idea de que las rebeliones estaban provocadas para liberarse de regímenes represivos y como último recurso luego de las vías pacíficas era ignorada por el grueso de la prensa estadounidense y mundial. La prensa tampoco informaba el hecho de que apoyar a estos dictadores en todo el mundo servía a los intereses económicos de las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones entendían que debían apoyar a dictadores como el de Indonesia, si deseaban disfrutar de un reinado libre sobre esas áreas que poseían recursos quecodiciaban. El verdadero objetivo de las fuerzas armadas era asegurar los recursos perseguidos por las corporaciones multinacionales que de hecho financiaban el gobierno del dictador Suharto.

Aunque las petroleras y otras industrias extractoras tomaron la delantera, se les unió una serie de empresas que se beneficiaba de la mano de obra barata (entre ellas Nike y Adidas), los recursos naturales y los mercados para proyecos de desarrollo y bienes de consumo. Indonesia es un ejemplo de una economía construida sobre la inversión por parte de la banca internacional y las comunidades de comercio.

Apoyándose en la promesa de pagar los préstamos con sus recursos, se endeudó profundamente para financiar proyectos de infraestructura que a su vez generaban demanda de hoteles, restaurantes, centros comerciales y las actividades de construcción , servicios, bancos y transporte que los acompañan. Los indonesios ricos y los extranjeros se beneficiaban mientras la mayoría de los indonesios sufría. Los movimientos de resistencia eran rechazados por las fuerzas armadas.

Al igual que la población, el medio ambiente de Indonesia sufría grandemente. Minas, fábricas de pasta de madera y papel y otras grandes industrias explotadoras de recursos arrasaban extensas áreas de una de las mayores selvas tropicales del planeta, los ríos quedaron anegados de desechos tóxicos. El aire en torno a las zonas industriales y las ciudades quedó polucionado.

Otras víctimas del “milagro económico”(como lo llamaban los analistas norteamericanos) fueron las culturas indígenas de los bugi, los dyak, los melanesios, etcétera; les arrebataron sus tierras, y sus vidas y sus tradiciones quedaron destruidas. Este genocidio moderno no puede ser medido únicamente en términos de sufrimiento humano: es un ataque al alma de la humanidad, y es especialmente descoranozador a la luz de genocidios anteriores, incluidos los cometidos en Estados Unidos contra la población indígena. Al tiempo que éstos se condenan, el modelo se repite, y financiado por el gobierno de Estados Unidos y nuestras corporaciones (el autor del libro es norteamericano).

Cuando la creciente crisis económica empezó a afectar severamente a su país (Indonesia), el dictador Suharto se tragó el paquete de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional. El FMI (mejor sería llamarlo Fábrica de Muertos por Inanición) aconsejó a Suharto que retirase los subsidios para la gasolina y los alimentos y muchos otros servicios sociales para reducir gastos. Descaradamente decantada a favor de los ricos, esa política provocó un aumento del hambre, la enfermedad y el antagonismo. (Los análisis confirmaron que a los países que optaron por no obedecer al FMI les fue mejor. China fue el principal ejemplo. Aunque implementó estrategias para estimular a los inversores internacionales, Pekín tomó un camino distinto al preconizado por el FMI. Las inversiones foráneas fueron canalizadashacia la industria y no hacia la bolsa, lo cual puso al país al abrigo de futuras fugas de capital al tiempo que creaba empleo y otros beneficios subsidiarios. La India, Taiwán y Singapur desafiaron al FMI; sus economías permanecieron robustas. Malasia se rindió, sufrió una recesión, y cuando volvió la espalda al FMI, rebrotó)

Los indonesios se lanzaron masivamente a las calles. Incluso los ricos pedían un cambio temiendo el caos. Suharto fue obligado a dimitir en mayo de 1998 poniendo fin a sus treinta y dos años de dictadura. En septiembre de 1999 la administración Clinton rompió todos los lazos militares con el ejército indonesio. Pero el mal ya estaba hecho. Los indonesios poderosos se prestigiaron por haber derrotado al dictador (olvidando que se habían beneficiado con sus servicios) y se presentaron a sí mismos como amigos del pueblo. El gobierno norteamericano y las corporaciones multinacionales saludaron la caída de Suharto y apoyaron el nuevo régimen. Entonces, el 26 de diciembre de 2004 ocurrió una tragedia que proporcionó nuevas oportunidades a las grandes corporaciones para reafirmarse: el tsunami.

En torno a un cuarto de millón de personas murieron a causa de las gigantescas olas. Sin embargo, las empresas relacionadas con la construcción- muchas de ellas firmas estadounidenses- vieron en la devastación una ocasión para sacar beneficios. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses no son conscientes de que los desastres naturales son como las guerras: son altamente rentables para las grandes empresas. Más que ayudar a subsistir a granjeros pescadores y pequeños restaurantes, los programas de “ayudas para el desastre” proporcionan un nuevo vehículo para canalizar el dinero hacia los constructores de imperios.

(Personalmente fui testigo de un manejo similar en el terremoto de Chile de 2010: el presidente Piñera negó subsidio a los “pescadores artesanales” que habían perdido sus botes- su fuente de subsistencia- con el maremoto, en cambio, subsidió a las grandes empresas pesqueras -que no necesitaban su ayuda para subsistir- obligando a los pequeños y medianos pescadores a emplearse en ellas, perdiendo independencia)

Indonesia es sólo un ejemplo (hay muchos) de cómo EEUU, los “paladines de la democracia y la libertad” por intereses económicos, por asegurarse el acceso a recursos naturales, no tienen remordimientos de conciencia por pisar cada una de las letras de la palabra democracia y libertad. Y por medio de la propaganda, tienen la hipocresía de seguirse presentando a sí mismos como los defensores de la libertad y la democracia. No hay dictadura en latinoamerica que no haya sido digitada por EEUU. Esto significa cientos de miles de personas brutalmente torturadas, asesinadas, desaparecidas. La película de terror más morbosa es una novela rosa comparada a lo que pasó en los campos de concentración de estas dictaduras, con sus métodos aprendidos en la Escuela de las Américas. A lo que todavía pasa en, por ejemplo, Guantánamo. Si uno pudiese escurrir la estatua de la libertad, de ella chorrearía sangre. Es la estatua del libre comercio, que por supuestos favorece siempre a muy pocos, a precio de hambre y sangre derramada en todo el mundo.

Un ejemplo más reciente:

En 1998 Chávez fue elegido presidente de Venezuela con un impresionante 56 por ciento de los votos . Una vez en el poder no se doblegó ante la corrupción como hicieron tantos de sus predesesores (esto lo escribe un estadounidense). En lugar de ello rindió tributo a hombres como Arbenz en Guatemala, Allende en Chile, Torrijos en Panamá y Roldós en Ecuador. Todos ellos habían sido asesinados o derrocados por la CIA. Ahora, dijo, él iba a seguir sus pasos, pero con su propia visión, su carismática personalidad y la capacidad de resistencia que adquiere un líder que nada en petróleo. Su victoria y su continuo desafío a Washington y a las empresas petroleras motivaron a millones de latinoamericanos.

Chavez mantuvo su compromiso para con los pobres, urbanos y rurales. En lugar de reinvertir los beneficios en la industria del petróleo, los destinó a Proyectos dirigidos a combatir el analfabetismo, la malnutrición, las enfermedades y demás lacras sociales. En lugar de anunciar grandes dividendos para los inversores, ayudó a Kirchner, el acorralado presidente de Argentina, a comprar al FMI deuda nacional por valor de 10.000 millones de dólares, y vendió petróleo rebajado a quienes no podían pagar el precio de mercado, incluidas algunas comunidades estadounidenses (compartir versus competir). Destinó a Cuba una parte de sus ingresos procedentes del petróleo a fin de poder mandar médicos cubanos a las áreas más desfavorecidas del continente. Dictó leyes que reforzaron los derechos de los indígenas- incluyendo derechos referidos a la lengua y la propiedad de la tierra- y luchó por la implantación de un plan de estudios afrocubano en las escuelas públicas. Irónicamente, es tildado en los medios hegemónicos como dictador, y EEUU como los especialistas en democracia.

Las grandes corporaciones vieron en Chávez una grave amenaza. No sólo desafiaba a las empresas internacionales petroleras y demás, sino que se estaba convirtiendo en un líder que otros podían tratar de emular. Desde la perspectiva de la administración Bush, dos jefes de Estado intransigentes, Chávez y Hussein, se habían convertido en dos pesadillas que debían cesar. En Irak, los sutiles esfuerzos- tanto de los gánsteres económicos estadounidenses como de los chacales estadounidenses- habían fracasado y se estaban preparando planes para la solución final: la invasión (opción no totalmente descartada aún para el caso Chavez, Morales, Correa) . En Venezuela, los Gansters económicos estadounidenses habían sido sustituidos por los chacales y Washington confiaban en que éstos resolverían el problema.

Recurriendo a tácticas perfeccionadas en Irán, Chile y Colombia, el 11 de abril de 2002 los chacales lanzaron a las calles de Caracas a miles de personas que se dirigieron hacia las oficinas centrales de la empresa petrolera estatal y el palacio presidencial de Miraflores. Allí chocaron contra manifestantes pro Chávez, quienes acusaron a sus contrarios de ser instrumentados por la CIA. Y entonces, repentina e inesperadamente, las fuerzas armadas anunciaron que Chávez había dimitido como presidente y que estaba retenido en una base militar.

Washington lo celebró, pero el júbilo duró poco. Soldados fieles a Chávez hicieron un llamamiento para llevar a cabo un contragolpe de Estado masivo. Los pobres se echaron a las calles y el 13 de abril Chávez recuperó la presidencia. La investigación oficial llegó a la conclusión de que el golpe había sido respaldado por el gobierno estadounidense. La Casa Blanca admitió su culpabilidad; Los Angeles Times informaba: “Funcionarios de la administración Bush reconocieron el martes haber negociado durante meses con líderes civiles y militares de Venezuela la destitución del presidente Hugo Chávez”.

En Brasil, la arrolladora victoria de Luiz Inacio “Lula “ da Silva en 2002 impulsó aún más los movimientos nacionalistas. Lula era un político con un prolongado historial a favor de la reforma social; exigía que Brasil dedicase sus riquezas naturales a ayudar a los pobres e insistía en auditar unas deudas brasileñas con el FMI que consideraba ilegales. Lula se unió a Chavez como una de las nuevas leyendas del continente. Los hasta entonces privados de voto estaban llegando al poder.

Latinoamérica se envalentonó . Por vez primera en la historia reciente, se veía la posibilidad de liberarse del yugo de Estados Unidos.

Peligros a futuro: tener que elegir entre comer o tomar agua

Existe una política llamada “Todo el mundo Paga” (Every Person Pays o EPP, en inglés). En los 70’ se implementó a las tarifas eléctricas y fue considerada innovadora. Contradecía una premisa básica de los planes de tarifas pensados para ayudar a las regiones desfavorecidas desde 1930, incluyendo los adoptados por la Rural Electrification Administration (REA) en Estados Unidos: que suministrar servicios tales como electricidad, agua y alcantarillado a todo el mundo era esencial para el crecimiento general, aunque tuvieran que ser subvencionados. Había demostrado ser eficaz en numerosos países. A pesar de los éxitos, el Banco Mundial experimentó algo radicalmente diferente.

El enfoque EPP transformaría burocracias subvencionadas por el gobierno en “productos rentables” listos para la privatización. La EPP provenía de la misma mentalidad que los préstamos e infraestructura que beneficiaban a las empresas de construcción extranjeras y a los ricos locales al mismo tiempo que desposeían de todo a los pobres, salvo de sus enormes deudas. En un viaje a Argentina, descubrí otra razón (escribe John Perkins en su libro La historia secreta del Imperio Americano)

“Estos países son nuestra seguridad futura” me dijo el general Charles Noble mientras circulábamos en un coche con chofer por las calles de Buenos Aires, en 1977. Había hecho una distinguida carrera militar en EEUU, al mando de la Jefatura de Ingenieros del Ejército en Vietnam y ahora estaba a cargo de los estudios de recursos hídricos de la empresa MAIN para Argentina, incluyendo un enorme proyecto hidroeléctrico de Salto Grande que el país estaba construyendo en asociación con Uruguay, que produciría casi dos mil megavatios, crearía un gran lago e inundaría una ciudad de veintidós mil habitantes.

“Perdimos Vietnam porque no entendimos la mente comunista. Aquí, en Latinoamérica, lo tenemos que hacer mucho mejor. La gente tiene que pagar por lo que les dan. Es la única manera de que lo aprecien. Además, eso les enseña capitalismo, no comunismo. Mira eso- apuntaba hacia un estanque del parque que estábamos atravesando- el agua es el oro y el petróleo del futuro. Necesitamos la mayor cantidad posible. Es lo que nos dará influencia y poder.”

Más de dos décadas después, pensé en Chuck Noble cuando se anunció que se había otorgado a una sola empresa el derecho exclusivo de comprar el sistema hídrico de Cochabamba (Bolivia) conocido como SEMAPA. Se concedió un contrato de privatización por cuarenta años a Aguas del Tunari, una sociedad dirigida, por una filial de la siniestra Bechtel Corporation, una empresa privada, controlada por una sola familia, que lograba obtener favores de prácticamente toda la gente influyente. Bechtel había construido ciudades enteras en Arabia Saudita.

Casi inmediatamente después de que se concediera a Bechtel el contrato de arrendamiento de SEMAPA, los precios del agua se dispararon. Algunos habitantes de Cochabamba vieron cómo sus facturas sufrían un aumento de más del 300 por ciento. Fue algo catastrófico para los habitantes de la ciudad, que se encontraban entre los más pobres del continente.

“Tienen que elegir entre agua y comida- me dijo un organizador quechua-. Los gringos quieren más beneficios. Los bolivianos se mueren de sed. Les han dicho que ni siquiera pueden recoger agua de lluvia, que su contrato con SEMAPA les exige pagar a Bechtel cualquier clase de agua que consuman”.

Los ciudadanos de Cochabamba se rebelaron en enero de 2000 hubo boicots que paralizaron la ciudad durante cuatro días enteros. La muchedumbre amenazaba con invadir las oficinas de SEMAPA. Bechtel solicitó protección. El presidente boliviano Hugo Banzer consintió y movilizó al ejército. En los disturbios que se produjeron, docenas de indios aymara y quechua resultaron heridos y un chico de diecisiete años murió por los disparos. Temiendo una revolución a gran escala, el presidente Banzer finalmente impuso la ley marcial. Más tarde, después de reunirse con oficiales de la embajada de Estados Unidos, anunció que anularía el contrato con Bechtel. En abril de 2000 Bechtel abandonó sus operaciones en SEMAPA. Pero no estaba dispuesta a abandonar su gallina de los huevos de oro y sentar un precedente que pudiera animar a otros países a seguir el ejemplo de Bolivia sin presentar batalla. En un ejemplo típico que demuestra la disposición de las corporaciones a manipular la ley internacional para lograr sus metas, Bechtel recurrió a unas sociedades instrumentales Holandesas. Recurriendo a un Tratado Bilateral de Inversión (BIT) de 1992 entre Holanda y Bolivia (ya que no había ninguno con EEUU) la filial holandesa entablo una demanda judicial de 50 millones de dólares contra el pueblo boliviano por la “expropiación de la inversión” y por daños y perjuicios.

Todo esto fue ignorado por la prensa norteamericana, sin embargo, la prensa latina lo cubrió intensamente.

Un nuevo líder surgió del caos. De la comunidad endígena emergió Evo Morales. Activista Aymara, se había unido al Movimiento al Socialismo (MAS). Era una voz enérgica que se oponía a la privatización y a lo que las corporaciones llaman eufemísticamente reformas económicas “liberales” o de “libre mercado”. Políticas que impedían a bolivia defender a sus campesinos y empresas al tiempo que protegían ferozmente los intereses de Estados Unidos. Denunció el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por Washington como un plan para “legalizar la colonización de América”. Su popularidad creció y fue elegido en el Congreso.

Casi inmediatamente, las grandes corporaciones lo etiquetaron de terrorista. El departamento de Estado norteamericano lo describió como un “agitador ilegal de la coca”. El té de coca, de uso medicinal en Bolivia, había sido bebido por dignatarios como el papa Juan Pablo II y la princesa británica Ana. Sin embargo, en 2002, Morales fue obligado a dejar su escaño en el Congreso acusado de terrorismo. Los pueblos quechua y aymara acusaron a la CIA de hallarse detrás de su destitución. A los pocos meses, su evicción fue declarada inconstitucional.

El embajador de Estados Unidos Manuel Rocha lanzó una advertencia: “Quiero recordar al electorado boliviano que si eligen a quienes quieren que Bolivia se convierta de nuevo en un importante exportador de cocaína, el futuro de la ayuda norteamericana a Bolivia correra peligro” (Ahí tenemos de nuevo a los paladines de la democracia defendiendo elecciones libres…ni qué decir que un tercio de la economía estadounidense depende del negocio de la droga..otra vez la hipocresía?) Lejos de disuadir a los bolivianos, las palabras de Rocha indignaron. Morales declaró que las palabras de Rocha habían contribuido a “despertar la conciencia de la gente”. El MAS colgó carteles en todo el país: “Bolivianos, vosotros decidís: Quién manda? Rocha o la Voz de los Pueblos?”

En las elecciones presidenciales de 2002, el MAS quedó a sólo dos puntos. El nuevo presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, un millonario educado en EEUU, dominaba el inglés, pero no el castellano. Sanchez se doblegó a las demandas del FMI y el Banco Mundial. En 2002 decretó un enorme aumento de los impuestos. Como suele ser en esas circunstancias, quienes menos podían afrontar el pago de impuestos, fueron quienes se vieron más afectados. En los disturbios que se desataron, treinta personas perdieron la vida. Manifestaciones y bloqueos de rutas paralizaron el país. Los planes de Sánches de exportar gas natural a bajos precios a EEUU y otros países en lugar de distribuirlo a los bolivianos desfavorecidos inflamaron aún más los ánimos de las comunidades indígenas. Las luchas sangrientas tuvieron como resultado otros veinte muertos. Finalmente, Sánchez fue obligado a huir del país. Ahora vive en las afueras de Washington; EEUU se ha negado a las solicitudes de Bolivia de repatriarlo para juzgarlo.

Los bolivianos habían desafiado al Banco Mundial y habían derrotado a Betchel, una de las empresas más poderosas del planeta. Ahora, uno de sus indígenas, uno de aquellos que habían sido brutalmente sometidos durante generaciones, había surgido como el ave fénix de las cenizas de las ruinas de su cultura. Era un mensaje a favor de la democracia y la justicia., que servía para inspirar a las jóvenes generaciones bolivianas, norteamericanas y del resto del mundo.

Usted sabe en manos de quién está el agua que consume? La electricidad que usa? Las comunicaciones? Los medios? Desgraciadamente, Obama no ha conseguido la popularidad suficiente, es de esperar que la siguiente elección esté en manos de los republicanos, gente que huele a azufre, diría el compañero Chavez, de la calaña de Bush, dispuesto a hacer lo que sea “necesario” por asuntos de Seguridad Nacional (Nacional del país del norte, está claro) como hacerse del petroleo, el agua o lo que fuera, de quien sea que lo tenga, en cualquier parte del mundo. La pregunta es, nosotros estamos dispuestos a defenderlo, como los hermanos de Bolivia? O quizás: nos vamos a dar cuenta de lo que esté pasando cuando pase?

Evo Morales fue claro al decir que su principal enemigo son los medios (como lo son de Chávez, de Correa, de los K, de Lula). Durante la época infame de neoliberalismo feroz que siguió a las dictaduras (éstas prepararon el terreno de aquel) Las grandes corporaciones se aseguraron el control de entre el 80 y el 90 por ciento de los medios de comunicación de todos los países del continente, y no fueron ingenuos: sabían que no iban a volver fácilmente los años de plomo (de dictaduras militares), y sabían también, que difícilmente las derechas ganen en elecciones libres, porque siempre representan a minorías, por lo que asegurándose el control de los medios era la única forma de intentar cierto control de la opinión pública.Como dice Rafael Correa “los medios son el partido político de la derecha”. Nos toca a nosotros hoy no ser ingenuos, y tener bien claro qué intereses sirven.

Ése es el sentido de la transcripción de estos escritos. Informar, ser un intento más de despertar conciencias. Ya perdimos mucho sin darnos cuenta, puede que perdamos un poco más, y que esta vez sea tan evidente como la sed, y sí, nos demos cuenta, pero ya sea demasiado tarde.

Fuentes: Martín Caparrós, Contra el Cambio; John Perkins, La Historia Secreta del Imperio Americano; Oliver Stone, Al sur de la Frontera (película documental)

El pobre enojado, para entrar al cielo, tiene una excusa
El rico enojado, para entrar al ciejo, tiene dos inconvenientes..

Necesitamos más obispos así

Hace unos años, no tantos, otra bala de estos milicos hijos de cien mil putas (que, para asco de Dios, se jactan usualmente de ser muy católicos) mató a Monseñor Romero, para tratar de seguir haciendo desaparecer, como siempre, lo mejor de cada sociedad. Pero como diría el compañero Che: podrán matar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.

Este es el relato de alguien que vió como un preferido de Jesús limpia su tumba.

"HAN PASADO LOS AÑOS. Alrededor de la tumba de Monseñor Romero, en las paredes, sobre la lápida,

se han ido amontonando día con día los agradecimientos. Tablitas de madera barnizada agradecen milagros en los ojos,

en las piernas varicosas o en el alma. Plaquitas de mármol cuadradas, rectangulares, a veces de plástico en forma de rombito o de corazón,

dan también las gracias al arzobispo por el hijo hallado o por la madre curada, piden la paz, piden la paz,

piden la paz y que acabe la guerra y recuerdan nombres. Hay también papelitos donde las "grasias"

son historias, novelas a medio contar, cartas y hasta poemas y cantos. Cartones también, pedacitos de tela,

bordados, en blanco, con hilos de colores...

Todo lo que dolió está allí, la felicidad recobrada también. No se pierde nada, todo vuelve al regazo de Monseñor.

Una mañana de invierno, el cielo cerrado en agua, un hombre harapiento, pelo encolochado por el polvo, camisa de hoyos,

limpia con esmero esa tumba, valiéndose de uno de sus harapos. Apenas amanece pero él ya está activo y despierto.

Y aunque el harapo está sucio de grasa y tiempo, va dejando brillante la lápida.

Al terminar, sonríe satisfecho. A aquella hora temprana no ha visto a nadie. Tampoco nadie lo ha visto. Yo sí lo vi.

Cuando sale a la calle, necesité hablar con él.

-Y usted, ¿por qué hace eso?

-¿El qué hago...?

-Eso, limpiar la tumba a Monseñor.

-Porque él era mi padre.

-¿Cómo así?

-Es que yo no soy más que un pobre, pues. A veces acarreo en el mercado con un carretón, otras veces pido limosna

y en veces me lo gasto todo en licor y paso la curda botado en la calle... Pero siempre me animo: ¡son babosadas, yo tuve un padre!

Me hizo sentir gente. Porque a los como yo él nos quería y no nos tenía asco. Nos hablaba, nos tocaba, nos preguntaba.

Nos confiaba. Se le echaba de ver el cariño que me tenía. Como quieren los padres. Por eso yo le limpio su tumba. Como hacen los hijos, pues.

(Regina Basagoitia)

Scioli presentó el polémico proyecto de ley que reflota las contravenciones

El gobernador bonaerense dio a conocer las iniciativas para combatir la inseguridad; quieren limitar el beneficio de las excarcelaciones; incluye sanciones para quien pida dinero "en forma compulsiva" en la vía pública. Todas medidas que aumentan el poder de la policía de decidir o justificar detenciones arbitrarias. Por la ya conocida "criminalización de la pobreza" estorecaerá sobre los más pobres y por la "judicialización de la protesta" sobre los que reclaman por sus derechos. No aumentará la seguridad del ciudadano común ni recaera sobre los verdaderos delincuentes.

A continuación, la opinión de un Juez de Bahia Blanca:

TODOS SOMOS CONTRAVENTORES


“La justicia es implacable
con los que no tienen guita
y sólo queda resistir.
La vida en la periferia, cruel,
siempre abre una herida,
tú fuiste su cicatriz”.

Ismael Serrano, “Elegía”.


Mussolini y Stalin sonríen en sus tumbas. Están alborozados, pues después de tanto tiempo un gobernador de una provincia argentina (Buenos Aires) impulsa un proyecto de código contravencional que recoge muchas de sus ideas de sesgo totalitario y peligrosista.
Decía Tomás Jofré, a principios del siglo pasado, que en ningún país culto se ha legislado sobre faltas como lo hemos hecho nosotros, y agregaba que la policía -por lo arbitrario de sus poderes- constituye una seria amenaza de las garantías individuales; sin dudas, si el ilustre codificador volviera a la vida se sorprendería de la involución operada en la materia después de un siglo. Es que se trata de un proyecto que colisiona en muchas de sus disposiciones con el bloque constitucional y puede generar responsabilidad internacional al contradecir convenciones y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Se violan principios tales como los de legalidad, máxima taxatividad legal, culpabilidad, lesividad, imparcialidad, defensa en juicio, presunción de inocencia; se prevén penas sin conducta.
Causa vergüenza ajena que este esperpento autoritario sea gestado por un gobierno elegido por el pueblo y proveniente de un movimiento del campo popular, al punto que en comparación, el actual vetusto código de faltas dictado por un gobierno de facto no resulta tan malo como creíamos. Dada su pésima técnica y sus groseros errores no parece redactado por juristas sino por oscuros burócratas, en dirección a la administrativización del derecho penal contravencional. En efecto, hay figuras que ya son delitos, otras están contempladas en leyes especiales, y se introducen algunas rayanas con el absurdo kafkiano.
Se otorgan inusitadas facultades policiales para detener a cualquier persona, con desmesurada amplitud en virtud de circunstancias sujetas a la discrecional apreciación del funcionario y se castigan conductas de nula o nimia entidad ofensiva con penas exorbitantes.
Es falso lo afirmado por el señor ministro de seguridad en cuanto a que es necesario este instrumento para que “la policía recupere la calle”. Si la fuerza policial no controla la vía pública en algunos sectores no es por falta de leyes, que existen y le otorgan suficientes facultades para prevenir y reprimir el delito cuando razones de necesidad y urgencia no permitan contar con autorizaciones judiciales, sino que las falencias se deben -según creemos- a tres factores: a) falta de capacitación y entrenamiento adecuado; b) carencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos, y c) corrupción.
El poder político parece haber perdido la brújula y en lugar de atacar a las mafias que manejan decenas de mercados ilegales que generan violencia, la circulación de armas en el mercado negro, el tráfico de drogas, la corrupción policial y otras cuestiones centrales, apunta los cañones del aparato estatal en una “intolerancia selectiva”, invirtiendo dinero que no tiene, en perseguir cuida-coches, mendigos, linyeras que duermen en plazas, pegatinas de carteles, “escrachadores”, bebedores de alcohol, muchachones que juegan a la pelota, etc. Llama la atención que se hayan olvidado de reprimir a esos sujetos tan peligrosos, verdaderos exponentes de la criminalidad organizada, como son los “limpia-vidrios”. Asimismo se propone reprimir la protesta social, pues considera infracción perturbar un acto político o reunirse tumultuosa y ruidosamente. Y se llega a la desmesura nunca vista, en algunas figuras, de castigar a alguien sólo por estar en el lugar aunque no haga nada, por lo que si uno pasa cerca de una pelea o suceso similar convendría apurar el paso y no mostrarse curioso, pues puede marchar preso.
Resulta paradigmática la novedosa (¿novedosa?) figura del merodeador que reprime al “que merodeare o permaneciere sin causa justificada en las inmediaciones de un inmueble, de un vehículo o de un establecimiento de cualquier naturaleza en forma susceptible de causar alarma o inquietud a sus propietarios, ocupantes, encargados, vecinos o transeúntes, todo ello mediando requerimiento o denuncia de parte”.
Bien decía Bertolt Brecht que nada se parece más a un fascista que un burgués asustado, y entonces es probable que una normativa como la propuesta pueda merecer el apoyo de los sectores sociales más favorecidos, conocedores -por experiencia- de la selectividad policial que sólo atrapa a los sectores marginales más vulnerables. Sin embargo, esta normativa según el talante y el humor del funcionario policial o de las directivas que reciba del poder político, permitirá interceptar (y detener hasta por doce horas) a cualquier persona, incluso a jovencitos a partir de los 14 años. En efecto estimado lector que posee instrucción, trabajo y un salario digno, para evitar ser detenido deberá cuidarse de jugar un picado de futbol en el parque porque está prohibido si con ello molesta a otras personas, y ni piense luego en cruzar al mercadito y tomarse una cerveza en la vereda para matizar el comentario del partido; tampoco se le ocurra concurrir con sus vecinos a reclamar tumultuosamente a la municipalidad por la falta de agua o por la frecuencia de los colectivos, o ponerse a “cacerolear” al grito de “seguridad” y “justicia” o “viva el campo”; preste atención porque si su perro muerde a un transeúnte ya no le bastará pagar una multa sino que deberá cumplir arresto; si un amigo finalmente obtuvo su título universitario o decidió dejar la soltería no se le ocurra tirarle huevos o despojarlo de sus ropas.
Como las arcas provinciales están vacías, por ahora la competencia se asigna a la justicia de paz y correccional. Sin embargo se crea una costosa burocracia y establecimientos de detención que deberán ser solventados por los municipios. Es que la instrucción y juzgamiento de las faltas se asignan a un denominado “juez contravencional” que no es un verdadero juez sino un funcionario administrativo designado por el Gobernador con participación (?) de los municipios. Este seudo juez no es inamovible sino que dura cinco años en sus funciones por lo que se afecta su independencia y en consecuencia su imparcialidad. Nos preguntamos: ¿por qué no asignar la competencia a quienes ya se ocupan de estas cuestiones (jueces de paz y correccionales)?, ¿acaso se busca que los seudo jueces sigan mansamente los lineamientos del poder político provincial y municipal?, ¿se tuvo en cuenta que estos funcionarios administrativos no pueden declarar inconstitucionalidades precisamente porque no son jueces del poder judicial?. Corresponde destacar que estos funcionarios tendrán facultades para disponer allanamientos, secuestros, detenciones, clausuras, decomisos y aplicar sanciones pecuniarias y penas privativas de libertad que pueden extenderse por varios meses (más que muchos delitos y sin que se admita la pena en suspenso). Asimismo, el recurso de apelación ante la Cámara Penal no suspende la ejecución de la condena.
En definitiva, el proyecto comentado se trata de un esperpento absurdo y costoso en términos económicos y de libertades individuales. Posee un sesgo irracional y autoritario incompatible con un Estado Constitucional de Derecho, y está influenciado por la corriente del neoconservadurismo norteamericano de la seudo doctrina “marketinera” de la “ventana rota”. Permitirá un aumento del abuso policial y dará oportunidad para una nueva caja de recaudación ilegal.
Además no servirá en absoluto para combatir la inseguridad ciudadana, como no sirvió aumentar las penas de los delitos, restringir las excarcelaciones, generando una superpoblación carcelaria que ronda el 64 %, ni hacer juicios de flagrancia más rápidos para condenar por delitos menores. Es que para hacer retroceder el delito grave, además de las tareas de inteligencia para atacar los mercados de la criminalidad organizada y otras acciones de ese tenor, es necesario hacer avanzar decididamente los derechos sociales, económicos y culturales.
Creemos que los legisladores provinciales tienen ante sí una enorme responsabilidad, debiendo optar entre desechar el malhadado proyecto evitando dañar al Estado de Derecho, o por el contrario, consagrar un sistema que lo hiera de gravedad y siente las bases de un estado policial, absurdo, anacrónico y arbitrario, sin obtener los objetivos anunciados por el poder ejecutivo, que -desorientado- alienta el fetichismo normativo y sólo irradia fuegos de artificio en dirección de la demagogia punitiva actualmente en boga.-

José Luis Ares
Bahía Blanca, noviembre de 2009.

Complicidad empresarios-dictadura

Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina

Presentamos la segunda entrega del artículo de la historiadora Victoria Basualdo(*) sobre la relación entre grandes empresas y fuerzas militares en la última dictadura. A la luz de la síntesis de la evidencia sobre varios de los casos más resonantes de complicidad patronal-militar (Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz), este trabajo desmenuza la participación de sectores civiles empresarios en alianza con los mandos militares, y propone una investigación más profunda del papel de las cúpulas empresarias, que acrecentaron su centralidad económica y social y su influencia política en los últimos 30 años, en medio del cambio estructural operado en la Argentina desde mediados de los´70. Este artículo fue inicialmente publicado en marzo por la FETIA (Federación de Trabajadores de la Industria y Afines) de la CTA en un suplemento especial por los 30 años del golpe.


d) Ford Motors Argentina

Ford Motors instaló sus primeras filiales en Argentina en las primeras décadas del siglo, primero en Barracas y luego en La Boca, mientras que la actual planta de General Pacheco, en la Provincia de Buenos Aires, fue inaugurada en 1961. La investigación sobre la actuación de la empresa durante la última dictadura dio lugar a una causa penal y a una causa civil contra personal directivo de la empresa, impulsada por algunos de los obreros sobrevivientes, especialmente Pedro Norberto Troiani. Entre marzo y mayo de 1976, hubo 25 delegados secuestrados. Todos pertenecían a la comisión interna, que se encontraba conformada por 200 delegados, en una planta con alrededor de 5.000 obreros. Los 25 trabajadores estuvieron técnicamente desaparecidos de 30 a 60 días. La mitad de ellos fue secuestrada en sus casas y llevada a la comisaría de Tigre, dispuesta como centro clandestino, mientras que la otra mitad fue detenida directamente en la planta de General Pacheco.

La relación entre la empresa y las fuerzas militares se puso de manifiesto de diversas maneras en el caso de Ford. Por un lado, trabajadores secuestrados testimonian que sus detenciones se efectuaron en camionetas F100 que eran proporcionadas a las fuerzas represivas por la empresa. Por otro lado, existen numerosos testimonios que indican que, lejos de limitarse a apoyar a las fuerzas represivas, la empresa reclamó el secuestro de trabajadores y delegados gremiales a las fuerzas armadas. Una de las esposas de los secuestrados, Arcelia Luján de Portillo, indicó en su declaración judicial que en su entrevista con un militar responsable de los secuestros, de apellido Molinari, éste “sacó de un cajón una lista en un papel tipo oficio con el logotipo de Ford, manifestándome: “Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que queríamos que chupáramos”.” Diversos testimonios indican que el “marcado” por parte de la empresa de quiénes debían ser secuestrados no sólo se realizó mediante la lista mencionada, sino también a partir de los carnets con las fotos personales de los trabajadores, que fueron entregados a los militares con el objeto de que los utilizaran para la correcta identificación de sus detenidos.

Testimonios adicionales, como el de Jorge Ernesto Berguier, quien se encontraba realizando su servicio militar en aquellos años de la dictadura, permiten apreciar el intercambio de favores entre la empresa y las fuerzas militares: “Esos operativos (de control en ruta) duraban todo el día, y almorzábamos en la Ford de Pacheco (…). Antes de salir, el oficial a cargo hacía una especie de arenga y nos decía “vamos a detener subversivos, vamos a almorzar a Ford, ésta es la colaboración de la empresa con las fuerzas armadas, hay que agradecerle.” Había una mancomunión entre el gobierno de las fuerzas armadas y la empresa… Comíamos en el comedor de la fábrica, y no era secreto que los oficiales se saludaban con los que servían la comida, y con los militares que estaban en la puerta, de seguridad. Esto era habitual, era un saludo fraternal (…)”.

La presencia permanente de las fuerzas armadas en el predio de la empresa fue confirmada en términos muy similares por testimonios de trabajadores, como Daniel Hagelin, quien se desempeñó como obrero de Ford durante la dictadura: “Había una gran presencia militar adentro del predio, de hecho el área de deportes, donde estaban las canchas de fútbol, tenis, quinchos y vestuarios de los obreros, era el cuartel de los militares; los trabajadores tenían vedado el acceso a ese sector. Pero además de eso nuestros comedores de planta tenían un horario para que fueran a comer los militares destacados en el lugar, incluso había chicos que hacían el servicio militar en la fábrica, como si fuera una unidad más. No puedo decir que había un regimiento, pero había más de cien personas afectadas, por lo menos una compañía militar había en la fábrica, y no fabricando autos precisamente… No cumplían tareas de seguridad de las instalaciones, de eso se ocupaba la propia empresa, sino que tenía la tarea específica de represión. Los militares actuaban a pedido de la gerencia, que tenía su voz cantante en un tal Galarraga, gerente de Relaciones Institucionales. No podemos decir que los militares mandaban a los trabajadores, sino que estaban para algún caso de reclamo salarial o reclamo gremial que se llevara adelante. La dirección de la empresa era pro militar. Fue famosa la situación que vivió la comisión interna que sufrió el golpe, que meses antes de la caída del gobierno de Isabel tuvo una discusión con Galarraga, quien les dijo textualmente: "Yo con ustedes no discuto más, y a partir de ahora denle mis saludos a Camps". Nadie sabía quien era el tal Camps, quien luego del golpe aparece como jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y llegó a desaparecer a dos miembros de esa comisión directiva.”

Pero la participación de la empresa en el proceso represivo no se restringió a proveer apoyo logístico ni a demandar la detención de algunos de sus propios trabajadores, sino que, al igual que en Acindar, alcanzó su máximo nivel en el caso de Ford: está probado que las fuerzas militares instalaron en el campo de deportes de la planta de Pacheco una dependencia militar adonde funcionó un centro clandestino de detención. En el mismo fueron recluidos algunos de los delegados gremiales secuestrados dentro de la fábrica por ciertos períodos de tiempo. Es el caso del obrero Juan Carlos Conti, delegado del personal del sindicato de Mecánicos (SMATA) que trabajaba en Ford desde 1965, quien fue secuestrado en el interior de la fábrica el 14 de Abril de 1976. Fue conducido en una camioneta de la empresa hasta un quincho, en el propio predio de la fábrica, con sus manos atadas con alambres. Luego de su secuestro, la empresa intimó a Conti por “abandono de tareas”, y cuando su esposa responde relatando lo sucedido (de lo cual la empresa por supuesto estaba al tanto), procedió a despedirlo de todas formas. Por otra parte, personal de la empresa tuvo intervención personal en los interrogatorios de los delegados secuestrados, para extraer información vinculada a la actividad sindical dentro de la fábrica. Es el caso del detenido Francisco Guillermo Perrotta que no era obrero sino uno de los 2.500 empleados administrativos de la planta que hasta mediados de los ’70 no tenían representación gremial. Como empleado de la Oficina de Análisis de Costo, Material e Inventario, Perrotta tenía acceso a información clave sobre las cuestiones internas de la fábrica. Junto a otro delegado del área financiera, fueron los dos únicos torturados con picana eléctrica. Perrotta identificó por su voz (dado que se encontraba encapuchado) al Jefe de Seguridad de la fábrica, Héctor Francisco Sibilla, como una de las personas presentes durante su interrogatorio, durante el cual le mencionaron datos y nombres internos de la Ford que sólo personal de la firma muy bien informado podía conocer. Sibilla era miembro de las Fuerzas Armadas y fue ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel, al parecer como premio por el disciplinamiento obtenido en la Ford. Significativamente Sibilla fue contratado, luego de su paso por la empresa, por la Embajada de Estados Unidos como personal de seguridad de la sede diplomática, en un cargo que ocupó hasta 2004.

e) Ingenio Ledesma

El ingenio azucarero Ledesma fue fundado hace más de un siglo en la localidad de Libertador San Martín, en la Provincia de Jujuy, por la familia Blaquier, miembros destacados de la oligarquía terrateniente conformada a lo largo del siglo XIX. La articulación de los directivos del ingenio Ledesma con las fuerzas represivas fue dada a conocer por el intenso activismo de Olga Arédez, esposa de Luis Ramón Aredez, pediatra que habiéndose desempeñado como médico del ingenio, fue secuestrado por las fuerzas armadas en mayo de 1977 y nunca más apareció. Aredez había sido despedido en los años ´50 del ingenio Ledesma por utilizar recursos considerados excesivos en los obreros y sus hijos, que padecían de enfermedades, como la diarrea estival, que causaba la muerte de decenas de ellos en temporada de zafra. Luego del despido de la firma, pasó a desempeñarse por un tiempo como director del hospital de Tilcara. A pesar de las advertencias de amigos y vecinos, Aredez decidió retornar nuevamente a Gral. San Martín para atender a los trabajadores del ingenio por fuera de la estructura de la empresa. En 1973 distintos grupos políticos impulsaron su candidatura a la intendencia. Durante su mandato comenzó a exigir el pago de impuestos de la empresa Ledesma al municipio, por primera vez en su historia centenaria. El 24 de Marzo de 1976 Luis Arédez fue detenido por fuerzas de seguridad en su casa, permaneciendo un mes desaparecido, y luego casi un año en la cárcel, al fin del cual fue dejado en libertad y pudo retornar a su hogar. En mayo de 1977, después de haber atendido a algunos de sus pacientes en el hospital de la localidad de Fraile Pintado, desapareció sin dejar rastros. Posteriormente, lograron recabar el testimonio de un vecino quien lo había visto conduciendo su auto en la ruta interprovincial 34, acompañado de otros tres hombres desconocidos, y aunque saludó al Dr. Arédez, éste no respondió el saludo. A raíz de la investigación de la CONADEP un detenido que estuvo en el campo de concentración de la localidad de Guerrero, Prov. de Jujuy afirma que entre los detenidos del Campo de Guerrero se encontraba, al parecer muy torturado, el Dr. Luis Arédez.

El testimonio de Olga Arédez proporciona datos clave para comprender la relación entre el ingenio y las fuerzas represivas. En primer lugar, refiriéndose a la primera detención de Luis Arédez, en Marzo de 1976, Olga señala en su declaración ante la CONADEP que su hijo Ricardo “vió desde su ventana del dormitorio, cómo su padre era cargado por una acción conjunta de la policía de la provincia y la gendarmería nacional, la cual, y siendo una fuerza militar creada en su origen para combatir el contrabando en las fronteras, está establecida desde hace varias decenas de años dentro del territorio de la empresa privada conocida como Ingenio Ledesma. Mi marido fue cargado en la parte trasera de una camioneta con el logotipo de la Empresa Ledesma impreso en las puertas de dicho vehículo. La camioneta era conducida por un empleado de la propia empresa.”

La colaboración de Ledesma en la represión fue admitida frente a ella por personal de la empresa: “me entrevisté con el Administrador del Ingenio Ledesma, el ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la Empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas, en sus palabras, “para limpiar al país de indeseables”.” Y el peso de los intereses empresarios en los motivos de la detención también fue oportunamente clarificado: “También aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa Ledesma.”

El caso de Arédez no fue de ninguna manera un caso especial en lo que se refiere a la participación del ingenio en el proceso represivo en la zona. En los tristemente célebres apagones, que comenzaron a realizarse a partir del 20 de Julio de 1976, durante los cuales se cortaba el suministro de energía eléctrica entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, decenas de trabajadores, estudiantes, amas de casa, sindicalistas y profesionales fueron secuestrados, de acuerdo al testimonio de Aredez, “siempre con la colaboración del parque móvil de la Empresa Ledesma.” Los secuestrados fueron recluidos en diferentes centros clandestinos de detención en los que fueron brutalmente torturados, entre los que se encontraba “la sede del escuadrón 20 de gendarmería nacional, ubicado dentro del predio de la Empresa Ledesma, en la actualidad llamado Barrio Ledesma.”

Por si quedaran dudas de la relación entre la empresa y las fuerzas armadas, Olga Aredez señala que al mes de la desaparición de su esposo, después de regresar de una misa para pedir por su aparición, vio invadida su casa “de soldados uniformados del Ejército Argentino (alrededor de 30), al mando de un empleado de la empresa Ledesma, Juan de la Cruz Kairuz, quien también desempeñaba la actividad de entrenador del equipo de fútbol de la Empresa Ledesma, Club Atlético Ledesma. Kairuz iba vestido de civil e impartía ordenes al los uniformados de ese allanamiento y, nuevamente, sin ninguna orden judicial se llevaron de nuestro domicilio muchos documentos y libros.”

Resulta importante tener en cuenta el contexto del funcionamiento de la estructura productiva del ingenio y su impacto humano, ecológico y económico, para comprender que el terror instaurado durante la dictadura se constituyó en otro elemento más de control, en un marco de explotación extrema. La jornada diaria de más de 12 horas que debían cumplir los trabajadores (en ese entonces entre 12.000 y 12.500, hoy serían menos de 2.500), los insuficientes salarios, pagados no con dinero sino con papeles de crédito de la empresa, la falta de atención médica adecuada y las condiciones precarias de vivienda en pueblo, vigentes tanto en los años ´70s como en la actualidad, constituyen el contexto de la política represiva. Esto se suma a la profunda insalubridad no sólo de las condiciones de trabajo sino de vida, ya que por la constante aspiración del polvo del bagazo, el desecho de la caña de azúcar que contamina el agua, el aire y la tierra, los pobladores sufren severos problemas respiratorios, que en muchos casos, como el de Olga Arédez, derivaron en cáncer de pulmón, lo que finalmente causó su muerte el 17 de marzo de 2005.

Una reveladora entrevista a Mario Paz, ex directivo de relaciones públicas del ingenio Ledesma, provee información adicional sobre los criterios de contratación, control y despido de la empresa. Paz admitió orgulloso haber despedido a más de diez mil trabajadores, entre ellos a Luis Arédez, quien “era un mediquito zurdo, un buen médico pediatra, pero que tenía ese gesto demagógico con el personal”. Reconoció asimismo que el personal de gendarmería (“eran seis hombres, pero qué cojonudos”) tenía acceso permanente al terreno de la empresa, dentro del que tenían un destacamento propio. Finalmente, en una declaración útil para entender la filosofía que guiaba el manejo de recursos humanos de la empresa: “Yo detengo diez sospechosos, los reviento a todos hasta que salta el culpable, y ahí largo a los nueve restantes y les pido disculpas”.

Esta identificación de Mario Paz, y por lo tanto de la empresa que lo empleaba para tratar con sus empleados, con las fuerzas represivas se reflejó también en su actitud de permanente intimidación a quienes tuvieran la intención de denunciar las violaciones a los derechos humanos frente a los organismos internacionales. Como indica Olga Arédez en su testimonio ante la CONADEP: “A comienzos del año 1979 nos reunimos en la ciudad de San Miguel de Tucumán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la O.E.A. (Organización de Estados Americanos), para realizar la denuncia de la desaparición de nuestros familiares. Nos juntamos centenares de familiares de todo el noroeste argentino. En el hotel donde se recepcionaba las denuncias, Hotel Versalles, estaba también alojado, sorpresivamente, junto a su mujer el Director de Relaciones Públicas de la Empresa Ledesma, el señor Mario Paz, muy temido por los demás familiares, quienes venían a denunciar las detenciones y desapariciones producidas en Ledesma. Mario Paz se apostó en un sillón a la entrada del hotel, y cuando accedíamos a presentar las denuncias, nos topábamos, inevitablemente, con su figura. Por este motivo algunos familiares, que tenían sus otros hijos empleados en la Empresa Ledesma, no pudieron hacer sus denuncias de una manera personal. Las tuvimos que llevar por ellos los otros denunciantes, no vinculados laboralmente a la empresa, y entregarlas en su lugar. El mencionado Mario Paz no se movió ni un instante de su sitio durante nuestra presentación.”

f) Mercedes Benz

La empresa automotriz Mercedes Benz, hoy Daimler Chrysler, una de las mayores empresas industriales europeas, fue fundada en Alemania en 1890. La planta de Argentina, la primera filial de la empresa en el exterior, se estableció en González Catán, Provincia de Buenos Aires, en 1951. La participación de la empresa en la represión a sus trabajadores durante la última dictadura militar ha sido investigada por la periodista Gaby Weber, y sus hallazgos fueron detallados en dos libros y un documental. El análisis de la historia de la empresa sitúa sus acciones durante la dictadura en perspectiva: a la luz de su relación con el nazismo a partir de la década de 1930 y los beneficios que esta asociación le reportó en la expansión de su producción y sus ganancias, de la utilización mano de obra compuesta por polacos y judíos reducidos a relaciones de trabajo equivalentes a la servidumbre, y del empleo ofrecido por Mercedes Benz Argentina a Adolf Eichmann, criminal de guerra y encargado de la logística del transporte masivo de judíos hacia los campos de exterminio, hasta su secuestro por agentes de inteligencia que lo trasladaron a Israel, adonde fue juzgado en 1961 y ejecutado en 1962, la política represiva de Mercedes Benz no parece sino presentar una línea de continuidad bastante predecible.

De modo similar a los trabajadores de otras plantas, los obreros de Mercedes Benz se movilizaron en octubre de 1975 en rechazo a los representantes designados por el sindicato de trabajadores del gremio mecánico y automotor a nivel nacional, SMATA, debido a que lejos de representar los intereses de los trabajadores, no hacían más que negociar con los directivos de la empresa. Los cuatro mil trabajadores de la planta, reunidos en asamblea, eligieron una nueva comisión interna, compuesta por nueve representantes, que a partir de ese momento sería conocida como “el grupo de los nueve”. SMATA negó la validez de la elección y de la comisión interna y la empresa despidió a 115 obreros (entre los cuales se contaban los 17 que luego serían secuestrados durante la dictadura) con aval del gremio automotor y su secretario general José Rodríguez. El 24 de Octubre de 1975, en el transcurso de la huelga, se produjo el secuestro del Jefe de Producción de la planta, Heinrich Metz, por parte de Montoneros, con la demanda de la reincorporación de los cesantes. La empresa finalmente cedió y declaró la reincorporación de todos los despedidos, después de lo cual Montoneros exigió el pago de un rescate, que de acuerdo con la casa matriz de la empresa en Alemania fue de siete millones de dólares, mientras que la gerencia local sostiene que fue de cuatro y los encargados de finanzas de Montoneros de dos millones. La investigación sobre el misterio del monto efectivamente pagado por el rescate dejó al descubierto las prácticas fraudulentas de la empresa, que aprovechó el secuestro para consignar una cifra muy superior a la real en su declaración de impuestos en Alemania, lo que le permitió obtener un importante margen de ganancia.

La situación en la fábrica comenzó a alterarse significativamente entre fines de 1975 y comienzos de 1976. Weber demuestra de manera contundente las relaciones entre el gobierno, en particular el entonces Ministro de Trabajo Carlos Ruckauf, quien el 6 de octubre de 1975 promovió y firmó un decreto de aniquilamiento de la subversión en los centros industriales, asimilando toda lucha obrera a un proceso de guerrilla industrial, la dirigencia sindical burocrática y las cúpulas empresariales. En el caso de SMATA, la aceptación de la política de eliminación de la “guerrilla industrial” impuesta por el gobierno se plasmó en la firma de un convenio con las empresas automotrices, que entró en vigencia en Mercedes Benz el 21 de julio de 1975, estableciendo que el 1% del precio de venta de cada vehículo se dedicaría a la formación de un fondo extraordinario para la “erradicación de elementos negativos” de la fábrica. Este fondo sería administrado por la dirección de SMATA sin auditoría alguna, a cambio de que la propia entidad supuestamente representativa de los trabajadores se encargara ella misma de garantizar su represión efectiva. Luego del golpe militar de 1976 se sucedieron los secuestros de trabajadores y activistas en la planta.

De los diecisiete trabajadores de Mercedes Benz Argentina que fueron secuestrados durante la última dictadura, sólo tres volvieron a aparecer. El trabajo de Weber, que implicó años de investigación minuciosa, partió de los testimonios de los dos obreros secuestrados que sobrevivieron, Juan Martín (detenido en abril de 1976 en la fábrica Mercedes Benz, encarcelado y torturado en la comisaría de San Justo, para ser finalmente liberado diecinueve días después) y Héctor Aníbal Ratto (detenido en agosto de 1977 también en la fábrica por un grupo armado perteneciente al Ejército Argentino, permaneció en cautiverio clandestino y bajo tortura en la Comisaría de Ramos Mejía y en Campo de Mayo, recuperando la libertad en marzo de 1979), quienes aunque se consideran afortunados por haber sobrevivido, sufrieron las secuelas físicas y psíquicas de ese cautiverio durante el resto de su vida. Un tercer sobreviviente es Alfredo Martín, un supervisor de la planta que fue detenido en diciembre de 1976, torturado por Rubén Lavallén en la comisaría de San Justo y liberado horas después.

La participación de la empresa en la represión se encuentra documentada en varios testimonios. El obrero Héctor Ratto estuvo presente cuando el jefe de producción de la fábrica, Juan Tasselkraut, transmitió a las fuerzas de seguridad la dirección del obrero Diego Núñez, quien fue secuestrado ese mismo día y permanece desaparecido hasta la fecha. Varios trabajadores fueron apresados en su lugar de trabajo, sin ningún tipo de protesta por parte del personal gerencial de la fábrica, que por el contrario colaboró con los grupos represivos. El mismo Juan Tasselkraut dio cuenta de los efectos que la represión tuvo en el funcionamiento interno de la empresa, cuando en el contexto de los Juicios por la Verdad en los tribunales de La Plata, se le preguntó si consideraba que existía alguna relación entre la disminución del conflicto en la fábrica, el aumento de la productividad y la desaparición de obreros y militantes. Su respuesta fue: “Y... Milagros no hay”.

El caso de Rubén Luis Lavallén ilustra la profundidad de la relación de la empresa con las fuerzas represivas. Lavallén estuvo a cargo durante los primeros años de la dictadura del comando de la Brigada de Investigaciones de San Justo, sede de un centro clandestino de detención. Fue positivamente identificado por la esposa del obrero de Mercedes Benz, Alberto Gigena, como uno de los secuestradores de su esposo, quien nunca volvió a aparecer. Con esta foja de servicios, Lavallén fue contratado por Mercedes Benz en 1978 como encargado de la seguridad y vigilancia de la planta de González Catán. Ya en democracia, Lavallén fue condenado, en 1998, a cuatro años de prisión por falsificación del acta de nacimiento de la menor Paula Logares, hija de una pareja de uruguayos secuestrados en Montevideo y detenidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo, en el marco del Plan Cóndor. A la pareja jamás se la volvió a ver con vida y la menor fue apropiada por Lavallén y registrada como hija suya.

Para comprender cabalmente la estrecha relación entre el personal directivo y la cúpula militar, cabe destacar que Mercedes Benz, que se encontraba entre las veinte empresas de mayor facturación y era uno de los principales complejos industriales del país, tenía como principal cliente al Ejército Argentino, quien compraba a la firma los camiones Unimog. De acuerdo a información proporcionada por personal gerencial de la empresa, la empresa donó, como parte de sus atenciones al ejército, equipamiento obstétrico para ser utilizado en Campo de Mayo. Las únicas instalaciones de obstetricia presentes en dicha dependencia militar eran ilegales y fueron montadas para llevar a cabo los partos clandestinos de mujeres desaparecidas.


(*) Historiadora UBA-Universidad de Columbia

Notas:

14-Los directivos acusados son: Nicolás Enrique Courard, presidente y representante legal de la compañía Ford Motor Argentina SA; Pedro Muller, gerente de manufactura; Guillermo Galárraga, a cargo de la gerencia de Relaciones Industriales, y Héctor Francisco Sibilla, el militar retirado del Ejército contratado tiempo después por la Embajada de Estados Unidos, jefe de Seguridad en la Planta de Pacheco y ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel.
15-Solicitud de declaraciones indagatorias en la causa Molinari, Antonio, Personal Ford s/privación ilegal de la libertad, iniciada por el querellante Pedro Norberto Troiani, con el patrocinio letrado del Dr. Tomás Ojea Quintana. La declaración de Arcelia Luján Portillo consta a fs. 44 de la causa. Se incluyen numerosos testimonios adicionales en este sentido, como el de Elisa Josefa Charlin, esposa de otro secuestrado, quien se entrevistó con Molinari “quien poseía una lista con aproximadamente veinte o treinta nombres escrita a máquina. Recuerdo que dicho papel tenía el logotipo de Ford…”. Molinari le aclaró en dicha ocasión: “Esta es la lista que me entregaron, apoyando la mano sobre la lista más arriba referida”. Fs. 465/466.
16-Citado en Fabián Domínguez y Alfredo Sayus, La Sombra de Campo de Mayo. (http://www.nuncamas.org/investig/saydom/lasombra/lasombr8.htm)
17-Ver denuncia de la CTA ante el Juez Baltasar Garzón, p. 14.
18-Ver Alejandra Dandan, “Ford Falcon modelo ´76”, Página 12, 26 de Febrero de 2006. Una de las líneas de investigación abierta por los trabajadores y sus representantes legales es la relación entre la filial argentina y la casa matriz, con la intención de determinar el grado de conocimiento y participación de la segunda en el proceso represivo.
19-Todos las citas textuales en adelante provienen de Arédez Sagues, Luis Ramón, Legajo Conadep N° 3376. Testimonio de su esposa, Olga del Valle Márquez de Arédez, y de sus hijos Teresa Adriana, Luis Ramón, y Ricardo Ariel Arédez.
20-“Nunca más” de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), páginas 217-218-262-263-447, quinta edición, Editorial Eudeba (1999).
21-El documental “Sol de Noche. La historia de Olga y Luis” de los realizadores Pablo Milstein y Noberto Ludin, con producción ejecutiva de Eduardo Aliverti (color, 78 min., 2002) proporciona datos e imágenes ilustrativas del funcionamiento de la empresa, y del trato a sus trabajadores. Para más datos y análisis del documental, ver Victoria Basualdo, “Cine documental e historia reciente: apuntes sobre la complicidad patronal-militar” en Revista Lucha Armada No. 4, Septiembre a Noviembre de 2005.
22- La entrevista se encuentra incluida en el documental “Sol de Noche”.
23- Su primer libro fue publicado en Alemania (“Los desaparecidos de Mercedes Benz”), y el segundo no trata específicamente del caso de Mercedes Benz, aunque contiene algunos capítulos que a él se refieren (ver Gaby Weber, La conexión alemana. El lavado del dinero nazi en la Argentina Buenos Aires: Edhasa,2005). El documental se titula “Milagros no hay. Los desaparecidos de Mercedes Benz” color, 113 min., 2003, y existe una versión actualizada: 85 minutos, 2005. Para más datos y análisis del documental, ver Victoria Basualdo, “Cine documental e historia reciente: apuntes sobre la complicidad patronal-militar” en Revista Lucha Armada No. 4, Septiembre a Noviembre de 2005.
24-Ese decreto que fue firmado por Italo Argentino Luder (Presidente Provisorio del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo) acompañado por sus ministros (Manuel Arauz Castex, Tomás Vottero, Carlos Ruckauf, Carlos A. Emery, Antonio Cafiero y Angel Federico Robledo) establecía que: “Visto la necesidad de enfrentar la actividad de elementos subversivos que con sus acciones vienen alterando la paz y la tranquilidad del país, cuya salvaguardia es responsabilidad del Gobierno y de todos los sectores de la Nación y considerando lo propuestos por los Señores Ministros. El Presidente Provisorio del Senado de la Nación en ejercicio del poder ejecutivo en Acuerdo General de Ministros decreta: Art 1º: "Constitúyese el Consejo de Seguridad Interior, [lo conformarán] el Presidente de la Nación,... los Ministros del P.E.N. y los Comandantes Generales de la Fuerza Armadas...."Art. 2º: "Compete al Consejo de Seguridad interior: a) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión. b) La ejecución de toda tarea que en orden a ello el Presidente de la Nación le imponga". Art. 3º: El Consejo de Defensa, presidido por el Ministro de Defensa e integrado por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas... tendrán las siguientes atribuciones: Items a) a c) asesorar, proponer y coordinar medidas para la lucha contra la subversión, d) conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión, e) planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerza Policiales para la lucha contra la subversión". Art: 4º y 5º: "La Secretaría de Prensa y Difusión, la secretaría de Informaciones del estado... la Policía Federal y el Servicio Penitenciario nacional, quedan funcionalmente afectadas al Consejo de Defensa". Art 6º. El Estado Mayor Conjunto tendrá como misión asistir al Consejo de Defensa..."
25-Las nuevas líneas de investigación llevadas adelante por Gaby Weber después de la presentación del documental, se encuentran reflejadas en su libro La conexión alemana. El lavado del dinero nazi en la Argentina (Buenos Aires: Edhasa,2005). Allí se indica que la apropiación de hijos de desaparecidos por parte de empleados jerárquicos de Mercedes Benz no se restringió a Lavallén, sino que también Juan Tasselkraut y su hermano están complicados en procesos de adopción ilegal de niños. Aunque aún no existe prueba fehaciente de que Diego Christian Tasselkraut, hijo de Juan Tasselkraut, y Andrés Gerardo y Pablo Daniel, hijos de Alejandro Tomás Tasselkraut, hermano de Juan, sean hijos de desaparecidos, en los tres casos las partidas de nacimiento incluyen firmas de funcionarios y parteras ligados con otros casos de menores nacidos en cautiverio. Para más información al respecto, se recomienda consultar el capítulo 15 del libro de Weber.

Complicidad patronal -militar en la última dictadura Argentina

Boletín quincenal Nº40. Presentamos para el debate un artículo de la historiadora Victoria Basualdo(*) sobre la relación entre grandes empresas y fuerzas militares en la última dictadura. A la luz de la síntesis de la evidencia sobre varios de los casos más resonantes de complicidad patronal militar (Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz) este trabajo desmenuza la participación de sectores civiles empresarios en alianza con los mandos militares, y propone una investigación más profunda del papel de las cúpulas empresarias, que acrecentaron su centralidad económica y social y su influencia política en los últimos treinta años, en medio del cambio estructural operado en la Argentina desde mediados de los años '70. Este artículo fue inicialmente publicado en Marzo de 2006 por la FETIA (Federación de Trabajadores de la Industria y Afines) de la CTA en un suplemento especial por los 30 años del golpe.


LOS CASOS ACINDAR, ASTARSA y DÁLMINE SIDERCA

El presente artículo se propone recuperar, a treinta años del golpe militar del 24 de Marzo de 1976, un aspecto fundamental de esta historia: la complicidad entre grandes empresas y fuerzas armadas. Aunque desde hace algunos años y hasta la actualidad diversas denuncias impulsadas por parte de los trabajadores contra los grupos empresarios han sido difundidas por los medios de comunicación, la evidencia reciente recogida tanto por parte de investigadores independientes como a partir de diversas acciones judiciales no ha sido reunida en un solo trabajo, ni sus implicancias han sido suficientemente analizadas. Este artículo se concentrará en seis de los más resonantes casos de complicidad entre el empresariado industrial y las fuerzas represivas: los de las empresas Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz. Luego de sintetizar sus particularidades, se destacarán algunos aspectos que estos casos tienen en común, con el objeto de precisar las características de la relación entre empresas y fuerzas militares durante la última dictadura. Finalmente, se analizarán las implicancias que estas nuevas líneas de investigación tienen respecto a las interpretaciones vigentes de la historia del período.

I. La evidencia disponible sobre estos casos de complicidad patronal-militar

a) Astarsa

Las primeras instalaciones del astillero y establecimiento metalúrgico se establecieron en el Tigre durante la década de 1920, aunque la empresa se constituyó como sociedad anónima bajo el nombre Astarsa en los años ‘40, teniendo como accionistas mayoritarios a la Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia, propiedad de la familia Braun Menéndez, y Estrabou y Cía. De acuerdo a las estimaciones disponibles, la empresa empleaba a mediados de la década del ‘70 alrededor de 1.500 obreros, de los cuales aproximadamente 800 eran trabajadores metalúrgicos, y 700 eran navales. Aunque los salarios pagados en la empresa eran relativamente altos, dado que la mayoría de los trabajadores realizaban tareas calificadas, el trabajo se desarrollaba en pésimas condiciones de salubridad: “El golpeteo incesante sobre metales y chapas poblaba el aire de ruidos sordos. Las emanaciones tóxicas de pinturas y material de soldadura producían afecciones pulmonares de distinto grado de complejidad. Los casos de esterilidad y accidentes de trabajo con las soldaduras autógenas eran frecuentes. Un oficial calderero, por ejemplo, trabajaba vistiendo pesadas ropas de cuero para protegerse de las chispas en ambientes de más de 50 grados de calor dentro de los compartimientos estancos de los barcos donde por las reducidas dimensiones se concentran gases con gran facilidad.”

Entre 1971 y 1973, un grupo de trabajadores jóvenes que ingresaron a trabajar en la planta comenzaron a cuestionar las condiciones sumamente precarias de trabajo y la deficiente representación sindical que ofrecía el Sindicato de Obreros de la Industria Naval (SOIN). Conformaron una agrupación, que se presentó a elecciones a fines de 1972 con la denominación de Lista Marrón. Aunque en una primera instancia el accionar de la agrupación fue limitado, y varios miembros de la lista fueron despedidos por la empresa, una sucesión de accidentes de trabajo (que no eran tales, sino que estaban explicados por las deficientes condiciones de trabajo y la ausencia total de asistencia médica adecuada) que culminaron en la muerte de varios obreros, originaron una creciente movilización por parte de todos los trabajadores de la fábrica, que culminó en una toma del establecimiento en Mayo de 1973, coincidiendo con la asunción del gobierno por parte de Héctor Cámpora.

Entre 1973 y 1975 la agrupación que aunque tomó el nombre de José María Alessio (el nombre de uno de los trabajadores muertos en un “accidente” en la fábrica) seguía presentándose a elecciones como Lista Marrón, obtuvo un impresionante avance en la representación de los trabajadores, y muchas conquistas sindicales, entre los que se destacó la creación de la Comisión Obrera de Higiene y Seguridad, relacionada con el Instituto de Medicina del Trabajo y con la Universidad Tecnológica Nacional, además del establecimiento de relaciones estrechas con otras trabajadores de otras fábricas de la zona norte. Como resultado de sus acciones, y de su afiliación a la JTP (Juventud Trabajadora Peronista), en 1975 varios de los militantes fueron secuestrados por grupos paramilitares y fueron salvajemente torturados, aunque la intensa movilización de trabajadores de las fábricas de Tigre y vecinos logró su liberación. En enero de 1976 continuaron los secuestros, y en febrero tres militantes aparecieron muertos, totalmente desfigurados.

El día del golpe militar, el 24 de Marzo de 1976, fuerzas del ejército al mando del teniente coronel Molinari, quien se desempeñaba en la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo, acordonaron la entrada a Astarsa, Mestrina y Forte, con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros, en un operativo que se extendió hasta el día siguiente. Con la anuencia de la empresa, que permitió de buen grado su presencia y colaboró en su identificación, detuvieron a alrededor de 60 obreros, a quienes condujeron a la Comisaría 1ª de Tigre. De acuerdo a los testimonios de trabajadores que sobrevivieron, los militares poseían instrucciones precisas, la primera de las cuales era desmantelar el cuerpo de delegados y la comisión interna. Además de los asesinados y secuestrados, se calcula que 16 de los obreros y delegados continúan desaparecidos hasta la actualidad.

El caso de Jorge Rampoldi sirve para ilustrar las estrechas relaciones entre la empresa, sectores del sindicalismo burocrático y las fuerzas militares. Rampoldi, afiliado a la CNU (Concentración Nacional Universitaria, organización universitaria de extrema derecha) se desempeñaba en un cargo administrativo de la oficina de personal de Astarsa, a lo que sumó luego su papel como asesor letrado del SOIN (sindicato de navales, de tendencia burocrática), para terminar participando en la intervención al sindicato. En los juicios llevados adelante en Italia respecto a desapariciones en Argentina durante la última dictadura militar se lo implicó como uno de los responsables de la desaparición y el asesinato de dos trabajadores de Astarsa, Martino Mastinú, llamado “el Tano” por sus compañeros, y su cuñado Mario Marras, al que le decían “el Tanito”.

Por otra parte, un grupo de trabajadores sobrevivientes de Astarsa, al tomar conocimiento en 2003 de la designación de Rampoldi (quien antes se había desempeñado como viceministro de trabajo de Carlos Ruckauf en la Provincia de Buenos Aires) como Director Nacional de Migraciones, realizaron una presentación ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, que derivó en la convocatoria de audiencias en Julio y Agosto de 2003. Tanto en la presentación como en las audiencias se denunció que tanto Rampoldi como otros miembros de la intervención al sindicato habían sido identificados como miembros de los grupos que secuestraron a obreros de Astarsa y a sus familiares. En particular, se lo acusó de intervenir en el secuestro del obrero Aldo Ramírez, quien fue llevado al campo de concentración situado en Campo de Mayo, donde fue salvajemente torturado y luego expuesto ante otros secuestrados. Asimismo, se señala que el 16 de Marzo de 1976, luego de que la esposa de uno de los obreros fuera secuestrada, un grupo de trabajadores se dirigió a la oficina de personal de Astarsa para notificar a Rampoldi de lo sucedido y requerir su colaboración para localizarla. Según los testimonios, Rampoldi les respondió: “Ustedes no existen, no se dan cuenta? Ahora cuando nosotros queremos los cagamos a tiros.”

b) Acindar

La empresa Acindar Industria Argentina de Aceros S.R.L. se fundó en el año 1942 en la ciudad de Rosario, ante la necesidad de acero en un contexto de restricciones a las importaciones, debido a la Segunda Guerra Mundial. La firma se constituyó a partir de la asociación de dos empresas constructoras: la empresa Acevedo y Shaw y la Compañía de Construcciones Civiles de Aguirre y Aragón, y la mayor figura de su fundación fue el Ingeniero Arturo Acevedo. En 1951 Acindar realizó su primera ampliación, instalando en Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, la denominada “planta 2”, establecimiento al que nos referiremos en este apartado.

Para comprender la relación entre la empresa Acindar y las fuerzas armadas resulta necesario detenerse brevemente en la historia gremial de Villa Constitución en esos años, en especial en el sindicato de trabajadores metalúrgicos (que agrupaba a los trabajadores de Acindar, Metcon, Marathon, Villber, entre otras plantas metalúrgicas que constituían el núcleo central de la actividad económica en la localidad). En el mes de Noviembre de 1974 se llevaron a cabo las elecciones de la UOM Villa Constitución, en las que la Lista Marrón, que representaba a la tendencia combativa que había ido organizándose desde comienzos de los años ´70 y estaba encabezada por Alberto Piccinini, triunfó con más del 65% de los votos. La nueva conducción duró apenas tres meses en el sindicato.
En la madrugada del 20 de Marzo de 1975, Villa Constitución, junto con varias otras localidades del cordón industrial a lo largo del Río Paraná, fue ocupada militarmente (en un operativo conjunto de las policías provincial y federal y de la prefectura naval) por una decisión del gobierno nacional, ante una supuesta “conspiración” contra el gobierno, orquestada a lo largo del cordón industrial y con sede principal en Villa. Una columna de un kilómetro y medio de automóviles y camiones, compuestos por policías provinciales, federales, matones de la derecha sindical peronista y asesinos ligados a la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista), como Aníbal Gordon, entre otros, invadieron la ciudad. Líderes y militantes sindicales fueron arrestados en sus casas, en las rutas o lugares de trabajo, desde allí trasladados a Rosario y finalmente confinados a la prisión de Coronda. Se produjeron alrededor de 300 arrestos, que incluían a toda la comisión Directiva de la UOM (con la excepción de Luis Segovia, que logró escaparse) y a los activistas de la CGT regional.

A pesar de la profundidad del golpe represivo, se produce al día siguiente la respuesta obrera: una huelga de “brazos caídos” dentro de las plantas, incluida Acindar. El Comité de Lucha, conformado por nuevos dirigentes en reemplazo de los ya detenidos, mantuvo la medida de fuerza durante 61 días, con el apoyo no sólo de los trabajadores, sino también de sus familias y de los “comités barriales,” hasta el 17 de Mayo de 1975, cuando una asamblea de 2.500 trabajadores aprobó unánimemente el levantamiento de la huelga. El lunes 19 los trabajadores metalúrgicos volvieron a las fábricas y comenzaron los despidos, que alcanzaron a más de 400 activistas. La represión no se detuvo allí, sino que por el contrario continuó durante 1975 y 1976, intensificándose aún más luego del golpe militar. Los presos de Villa Constitución fueron trasladados a las diferentes cárceles del país, torturados y castigados de todas las formas posibles. Algunos de ellos, una vez liberados, se dirigieron al exterior, mientras que otros soportaron el exilio interno y perdieron sus trabajos debido a las listas negras que circulaban de empresa a empresa. Y sin embargo corrieron mejor suerte que los trabajadores secuestrados a partir de 1976, que nunca más aparecieron.

La participación de la empresa en este proceso adquirió varias formas. Testimonios brindados ante la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el gobierno de Raúl Alfonsín en los inicios de su gobierno) indican que ya desde la escalada represiva desatada a partir de la “ocupación militar” de 1975 existían vínculos estrechos entre las fuerzas policiales y la empresa. Uno de los testigos señala que los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en Abril de 1975 habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra de estos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a “marcar” y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el helipuerto de Acindar.

Luego de estos sucesos, los efectivos policiales y parapoliciales instalaron un cuartel en el denominado “albergue de solteros”, ubicado dentro del predio de Acindar, en el que funcionaban entre varias decenas de efectivos, algunos de los cuales, como el oficial principal Mujica, recorrían la ciudad en automóviles sin patentes acompañados por efectivos de civil. Colaboraban con ellos supuestos obreros de la fábrica Acindar, en realidad informantes de las fuerzas policiales, entre los que se destacaba uno, Raúl Antonio Ranure. Este cuartel era utilizado como centro de detención e interrogatorios por parte de la Policía Federal. Los efectivos destacados dentro de Acindar no debían preocuparse por los gastos, ya que la empresa los proveía con todo lo que les fuera necesario.

Otros testigos acreditan que el automóvil en que se desplazaba el supuesto operario de Acindar, Ranure, era guardado en un galpón y custodiado por efectivos de civil que provenían del cuartel en Acindar. Indican asimismo que tanto Ranure como Mujica habían participado en numerosos operativos en la ruta que une San Nicolás con Villa Constitución, y que varios de estos detenidos fueron conducidos, encapuchados, hasta el cuartel ubicado en el predio de Acindar. Estos efectivos, junto con la oficialidad de la Policía Federal, planificaban las operaciones contra los trabajadores metalúrgicos dirigentes de la Lista Marrón, y los automóviles que utilizaban fueron identificados como participantes en los operativos en los que asesinaron a la abogada De Grandis, y a los obreros de Acindar Carlos Ruesca y Julio Palacios.

La existencia de un destacamento en el interior del predio de la fábrica fue confirmada no sólo por testimonios de vecinos y víctimas, sino también por las propias fuerzas de seguridad implicadas en la represión. Carlos Rampoldi, comisario inspector, el 30 de agosto de 1984, declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, constituida en Villa Constitución: "En el año 1977 ingresé a la Jefatura de la policía de Villa Constitución con el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones; en ese momento el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica de Acindar, cumpliendo tareas. Este grupo tenía su lugar de asentamiento en Santa Felicia, cerca de Vera, y en ese momento, al mismo tiempo, había una fuerza de tareas conformada por unos cuarenta hombres, que venían de distintas unidades del Litoral, provenían de distintas brigadas, estaban un mes y los renovaban por otro contingente. Estaban dirigidos por personal de baja categoría. De ese grupo se desprendía una sección para cuidar Rosario. En la práctica ellos dirigen los procedimientos, como detenciones o custodia de un lugar, y pedían nuestra colaboración..."

Por su parte, Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983 que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”, aclarando que “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos.” Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...".

Pero quizás la demostración más cabal de la mancomunión de los intereses de la empresa y de la dictadura esté centrada en la figura de José Alfredo Martínez de Hoz, quien pasó de ser presidente de Acindar hasta 1976, a ocupar el cargo de Ministro de Economía de la Nación a partir del golpe militar, posición desde la que se encargó de otorgar innumerables beneficios a su empresa, que a lo largo de la dictadura se benefició de los regímenes de promoción industrial (a expensas de la empresa estatal SOMISA), de la transferencia de su deuda privada al estado, y de cuantiosas transferencias de recursos que cimentaron su expansión como grupo económico.

c) Dálmine Siderca

La empresa Dálmine Siderca, propiedad del grupo económico Techint y hoy integrante de la alianza comercial TenarisSiderca, se estableció en la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, en 1954. Constituye uno de los casos menos conocidos de participación empresaria en el proceso represivo, debido a dos factores principales. Por un lado, la campaña por parte de la dirección de la empresa y del grupo Techint tendiente a deslindar responsabilidades por las desapariciones y asesinatos de sus trabajadores, y a atribuir la responsabilidad exclusivamente a las fuerzas militares, lo que ha vuelto más difícil la tarea de encontrar pruebas de la complicidad entre la empresa y las fuerzas represivas. Por otro lado, el papel central de la empresa en la ciudad de Campana en términos económicos, comunitarios y sociales, así como el poderío económico del grupo Techint, han servido como factor de disuasión tanto para trabajadores de la empresa como para los familiares de las víctimas y los vecinos en general que fueron testigos de la connivencia de la empresa.
Sin embargo, es posible rescatar una serie de elementos que prueban de manera contundente la colaboración de la empresa en el proceso represivo. Testimonios de trabajadores de la fábrica indican que muchas de las características presentes en otros de los casos también se dieron en Dálmine Siderca, como la presencia de personal del ejército en la puerta de la fábrica con listados de personas “marcadas”, la contratación, a partir del golpe militar de supuestos nuevos trabajadores que eran en realidad agentes de las fuerzas represivas, y la detención e intento de detención de trabajadores en la propia fábrica. Otro elemento en común con otros casos es el hecho de que la mayor parte de los desaparecidos de la zona eran trabajadores con fuerte activismo gremial, entre los que se destacaban los obreros de esta fábrica en particular.

Asimismo, existen algunos sucesos particulares que demuestran a las claras la relación estrecha con las fuerzas militares. Un incidente clave fue el conflicto desatado en la fábrica por falta de pago de premios en 1979. Los trabajadores se movilizaron y convocaron una asamblea, dentro de la fábrica, frente a las oficinas de Personal. A pesar de la presencia del coronel Zapata, del Área Conjunta 400, en la asamblea, los trabajadores resolvieron reclamar por el pago; reivindicación que, aunque parcialmente, se logró a regañadientes de la empresa y la Directiva gremial que había intentado impedir la asamblea por todos los medios. El coronel Zapata, en otro intento por disuadir a los obreros, había dicho a uno de los trabajadores que impulsaba la movilización:“...se acabó. Es la última vez que lo mando llamar. La próxima lo mando a buscar...”, demostrando claramente la plena coincidencia entre los intereses patronales y los militares. A pesar de estas presiones, los trabajadores decidieron impulsar el conflicto en una asamblea con voto a mano alzada, hecho más que inusual en esos tiempos.

El desarrollo de este conflicto y sus implicancias fueron descriptos por los trabajadores Ángel Recúpero (actual secretario general de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica) y Luis Alberto Tavares (que junto a Recúpero había sido miembro de la comisión interna de Dálmine Siderca durante 17 años), en un testimonio clave: “El conflicto fue durísimo. La primera asamblea no fue presidida por los delegados, sino por un grupo de oficiales del Ejército con ametralladoras y bayonetas. Los militares concedían el uso de la palabra. Y algunos activistas trataban de hacer equilibrio entre lo que debían reclamar y el cuidado de la propia vida. Pocos cometieron el pecado de apasionarse demasiado.

Uno de ellos se llamaba Juan José Colorado Torrente. A otro se lo conocía como Pascual Gordillo. La primera asamblea pasó, luego vinieron las reuniones de los activistas en el vestuario de la acería. Eran encuentros atípicos, de no más de 30 empleados. Acudían, si se animaban, dos por cada sector. Antes de entrar, los paraba un subteniente para pedirles los nombres, los documentos e interrogarlos convenientemente. Protagonizaron tres días de huelga general, y las reivindicaciones fueron obtenidas. Cuando terminó la segunda jornada de paro, Torrente salió de la planta junto a dos de sus compañeros, cruzó la avenida Mitre, enfiló para su casa, en el centro del barrio Siderca, dejó al último operario en su domicilio y... nunca se lo volvió a ver en este mundo. A Gordillo le pasó exactamente lo mismo, sólo que unos días después.”

Por otra parte, cabe destacar que uno de los centros clandestinos de detención de la zona, el Tiro Federal de Campana, se encuentra lindante a la fábrica, y hasta existe una puerta que comunica ambos lugares. El predio de la Ruta 12, que hasta el 24 de marzo de 1976 funcionó un polígono de tiro civil, fue ocupado por el Ejército en la madrugada del 25 y transformado en un campo de concentración adonde se torturó, desapareció y mató a cientos de personas, entre ellos algunos trabajadores de Dálmine Siderca, hasta, por lo menos, mediados de 1977. La cercanía de la fábrica era tal que los desaparecidos apresados en el Tiro Federal escuchaban claramente los ruidos de las máquinas trabajando. Cuando en 2004 se realizó una visita de reconocimiento al predio, por el juez federal Federico Faggionato Márquez, quien comenzó la investigación a partir de una presentación que la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, los nueve ex detenidos pudieron reconocer cada uno de los sonidos de las etapas de producción que habían escuchado por primera vez estando desaparecidos.


(*)Historiadora UBA- Universidad de Columbia



Notas:

1-La principal fuente utilizada para reconstruir el caso de Astarsa es la investigación realizada por el historiador Federico Lorenz (parte de la cual está contenida en su artículo “Los trabajadores navales de Tigre. La militancia sindical en un contexto de enfrentamiento “militar””, Revista Lucha Armada N 2. Buenos Aires: Marzo a Mayo 2005). Otra fuente importante sobre este caso es el programa de historia oral llevado adelante por Memoria Abierta sobre la represión en Astarsa.
2-Lorenz (2005), 74.
3-Sobre las acusaciones a Rampoldi en los juicios realizados en Italia, ver Horacio Verbitsky, “Jaulas vacías”, Página/12, 18 de Junio de 2000.
4-Audiencia en el Honorable Congreso de la Nación, 2 de Julio de 2003, versión taquigráfica (http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cpyrhumanos/VersTaq2003.htm).
5-Ver, entre otros libros y publicaciones. Victorio Paulón, Angel Porcu, Bernardo Gallitelli, María Cecilia Cangiano, Ernesto Rodríguez y Oscar Videla (comp.) El Villazo. La experiencia de una ciudad y su movimiento obrero. Villa Constitución, 1999.
6-De aquí en adelante, a menos de que se indique lo contrario, se aludirá a testimonios recogidos por la CONADEP en su legajo No. 1770, parcialmente reproducidos en Eduardo Basualdo, Miguel Angel Fuks, Claudio Lozano, El conflicto de Villa Constitución. Ajuste y flexibilidad sobre los trabajadores. El caso Acindar. Buenos Aires: IDEP-CTA, 1991.
7-Uno de los testimoniantes frente a la CONADEP relató haber visto, por un descuido del implicado, una credencial con la fotografía de Ranure que lo identificaba como servicio de inteligencia de la Policía Federal, mientras que otro de los sobrevivientes, refiriéndose a otro “supuesto obrero”, en realidad infiltrado, dijo haber reconocido entre quienes lo identificaron a un fotógrafo que era compañero de trabajo en la fábrica.
8-El repartidor de sodas Pedro Alfaro, declaró el 7 de febrero de 1984, ante la Comisión de Derechos Humanos de Villa Constitución que el agente de la policía montada Juan Carlos Miranda le confesó que a varios detenidos los llevaban hasta dentro de Acindar y que Raúl Ranure, uno de los principales represores de la ciudad, "era Halcón, que participaba de los operativos nocturnos que se hacían en Villa Constitución, tripulando un Ford Falcon rural, celeste metalizado sin patente, que le había otorgado Acindar para que se movilizase junto con la oficialidad de la Policía Federal". Citado en Carlos del Frade, Matar para robar, luchar para vivir. Historia política de la impunidad. Santa Fe 1976/2004. (http://www.nuncamas.org/investig/)
9-Existen informaciones encontradas respecto a la fecha del arribo de Rampoldi a Villa Constitución. De acuerdo a Pedro Alfaro, en 1975 el comisario Rampoldi ya era integrante del Servicio de Informaciones de la Jefatura villense y "esencialmente ha prestado y presta su servicio a Acindar. Me consta que tiene el organigrama completo de la planta, ha sido invitado a almorzar en reiteradas oportunidades por el directorio de la empresa, decide y orienta a los directivos sobre quién puede o no entrar a la empresa". Carlos del Frade, Matar para robar, luchar para vivir. Historia política de la impunidad. Santa Fe 1976/2004. (http://www.nuncamas.org/investig/)
10-Ver Carlos del Frade, El Rosario de Galtieri y Feced (http://www.nuncamas.org/investig/).
11-Miguel A. Di Fino, Ariel O. Nuñez y Soledad Sadonio, Sobre ausencias y exilios. Un ensayo histórico sobre Campana entre 1976 y 1982. Campana, Buenos Aires: 1999.
12-Luis Majul, Los dueños de la Argentina. La cara oculta de los negocios. Buenos Aires: Sudamericana, 19na.edición, 1993, p. 231.
13-Ver Martina Noailles, “Un campo de la muerte intacto. Inspección ocular a un centro clandestino en Campana”, Página/12, 9 de Junio de 2004.