Scioli presentó el polémico proyecto de ley que reflota las contravenciones

El gobernador bonaerense dio a conocer las iniciativas para combatir la inseguridad; quieren limitar el beneficio de las excarcelaciones; incluye sanciones para quien pida dinero "en forma compulsiva" en la vía pública. Todas medidas que aumentan el poder de la policía de decidir o justificar detenciones arbitrarias. Por la ya conocida "criminalización de la pobreza" estorecaerá sobre los más pobres y por la "judicialización de la protesta" sobre los que reclaman por sus derechos. No aumentará la seguridad del ciudadano común ni recaera sobre los verdaderos delincuentes.

A continuación, la opinión de un Juez de Bahia Blanca:

TODOS SOMOS CONTRAVENTORES


“La justicia es implacable
con los que no tienen guita
y sólo queda resistir.
La vida en la periferia, cruel,
siempre abre una herida,
tú fuiste su cicatriz”.

Ismael Serrano, “Elegía”.


Mussolini y Stalin sonríen en sus tumbas. Están alborozados, pues después de tanto tiempo un gobernador de una provincia argentina (Buenos Aires) impulsa un proyecto de código contravencional que recoge muchas de sus ideas de sesgo totalitario y peligrosista.
Decía Tomás Jofré, a principios del siglo pasado, que en ningún país culto se ha legislado sobre faltas como lo hemos hecho nosotros, y agregaba que la policía -por lo arbitrario de sus poderes- constituye una seria amenaza de las garantías individuales; sin dudas, si el ilustre codificador volviera a la vida se sorprendería de la involución operada en la materia después de un siglo. Es que se trata de un proyecto que colisiona en muchas de sus disposiciones con el bloque constitucional y puede generar responsabilidad internacional al contradecir convenciones y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Se violan principios tales como los de legalidad, máxima taxatividad legal, culpabilidad, lesividad, imparcialidad, defensa en juicio, presunción de inocencia; se prevén penas sin conducta.
Causa vergüenza ajena que este esperpento autoritario sea gestado por un gobierno elegido por el pueblo y proveniente de un movimiento del campo popular, al punto que en comparación, el actual vetusto código de faltas dictado por un gobierno de facto no resulta tan malo como creíamos. Dada su pésima técnica y sus groseros errores no parece redactado por juristas sino por oscuros burócratas, en dirección a la administrativización del derecho penal contravencional. En efecto, hay figuras que ya son delitos, otras están contempladas en leyes especiales, y se introducen algunas rayanas con el absurdo kafkiano.
Se otorgan inusitadas facultades policiales para detener a cualquier persona, con desmesurada amplitud en virtud de circunstancias sujetas a la discrecional apreciación del funcionario y se castigan conductas de nula o nimia entidad ofensiva con penas exorbitantes.
Es falso lo afirmado por el señor ministro de seguridad en cuanto a que es necesario este instrumento para que “la policía recupere la calle”. Si la fuerza policial no controla la vía pública en algunos sectores no es por falta de leyes, que existen y le otorgan suficientes facultades para prevenir y reprimir el delito cuando razones de necesidad y urgencia no permitan contar con autorizaciones judiciales, sino que las falencias se deben -según creemos- a tres factores: a) falta de capacitación y entrenamiento adecuado; b) carencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos, y c) corrupción.
El poder político parece haber perdido la brújula y en lugar de atacar a las mafias que manejan decenas de mercados ilegales que generan violencia, la circulación de armas en el mercado negro, el tráfico de drogas, la corrupción policial y otras cuestiones centrales, apunta los cañones del aparato estatal en una “intolerancia selectiva”, invirtiendo dinero que no tiene, en perseguir cuida-coches, mendigos, linyeras que duermen en plazas, pegatinas de carteles, “escrachadores”, bebedores de alcohol, muchachones que juegan a la pelota, etc. Llama la atención que se hayan olvidado de reprimir a esos sujetos tan peligrosos, verdaderos exponentes de la criminalidad organizada, como son los “limpia-vidrios”. Asimismo se propone reprimir la protesta social, pues considera infracción perturbar un acto político o reunirse tumultuosa y ruidosamente. Y se llega a la desmesura nunca vista, en algunas figuras, de castigar a alguien sólo por estar en el lugar aunque no haga nada, por lo que si uno pasa cerca de una pelea o suceso similar convendría apurar el paso y no mostrarse curioso, pues puede marchar preso.
Resulta paradigmática la novedosa (¿novedosa?) figura del merodeador que reprime al “que merodeare o permaneciere sin causa justificada en las inmediaciones de un inmueble, de un vehículo o de un establecimiento de cualquier naturaleza en forma susceptible de causar alarma o inquietud a sus propietarios, ocupantes, encargados, vecinos o transeúntes, todo ello mediando requerimiento o denuncia de parte”.
Bien decía Bertolt Brecht que nada se parece más a un fascista que un burgués asustado, y entonces es probable que una normativa como la propuesta pueda merecer el apoyo de los sectores sociales más favorecidos, conocedores -por experiencia- de la selectividad policial que sólo atrapa a los sectores marginales más vulnerables. Sin embargo, esta normativa según el talante y el humor del funcionario policial o de las directivas que reciba del poder político, permitirá interceptar (y detener hasta por doce horas) a cualquier persona, incluso a jovencitos a partir de los 14 años. En efecto estimado lector que posee instrucción, trabajo y un salario digno, para evitar ser detenido deberá cuidarse de jugar un picado de futbol en el parque porque está prohibido si con ello molesta a otras personas, y ni piense luego en cruzar al mercadito y tomarse una cerveza en la vereda para matizar el comentario del partido; tampoco se le ocurra concurrir con sus vecinos a reclamar tumultuosamente a la municipalidad por la falta de agua o por la frecuencia de los colectivos, o ponerse a “cacerolear” al grito de “seguridad” y “justicia” o “viva el campo”; preste atención porque si su perro muerde a un transeúnte ya no le bastará pagar una multa sino que deberá cumplir arresto; si un amigo finalmente obtuvo su título universitario o decidió dejar la soltería no se le ocurra tirarle huevos o despojarlo de sus ropas.
Como las arcas provinciales están vacías, por ahora la competencia se asigna a la justicia de paz y correccional. Sin embargo se crea una costosa burocracia y establecimientos de detención que deberán ser solventados por los municipios. Es que la instrucción y juzgamiento de las faltas se asignan a un denominado “juez contravencional” que no es un verdadero juez sino un funcionario administrativo designado por el Gobernador con participación (?) de los municipios. Este seudo juez no es inamovible sino que dura cinco años en sus funciones por lo que se afecta su independencia y en consecuencia su imparcialidad. Nos preguntamos: ¿por qué no asignar la competencia a quienes ya se ocupan de estas cuestiones (jueces de paz y correccionales)?, ¿acaso se busca que los seudo jueces sigan mansamente los lineamientos del poder político provincial y municipal?, ¿se tuvo en cuenta que estos funcionarios administrativos no pueden declarar inconstitucionalidades precisamente porque no son jueces del poder judicial?. Corresponde destacar que estos funcionarios tendrán facultades para disponer allanamientos, secuestros, detenciones, clausuras, decomisos y aplicar sanciones pecuniarias y penas privativas de libertad que pueden extenderse por varios meses (más que muchos delitos y sin que se admita la pena en suspenso). Asimismo, el recurso de apelación ante la Cámara Penal no suspende la ejecución de la condena.
En definitiva, el proyecto comentado se trata de un esperpento absurdo y costoso en términos económicos y de libertades individuales. Posee un sesgo irracional y autoritario incompatible con un Estado Constitucional de Derecho, y está influenciado por la corriente del neoconservadurismo norteamericano de la seudo doctrina “marketinera” de la “ventana rota”. Permitirá un aumento del abuso policial y dará oportunidad para una nueva caja de recaudación ilegal.
Además no servirá en absoluto para combatir la inseguridad ciudadana, como no sirvió aumentar las penas de los delitos, restringir las excarcelaciones, generando una superpoblación carcelaria que ronda el 64 %, ni hacer juicios de flagrancia más rápidos para condenar por delitos menores. Es que para hacer retroceder el delito grave, además de las tareas de inteligencia para atacar los mercados de la criminalidad organizada y otras acciones de ese tenor, es necesario hacer avanzar decididamente los derechos sociales, económicos y culturales.
Creemos que los legisladores provinciales tienen ante sí una enorme responsabilidad, debiendo optar entre desechar el malhadado proyecto evitando dañar al Estado de Derecho, o por el contrario, consagrar un sistema que lo hiera de gravedad y siente las bases de un estado policial, absurdo, anacrónico y arbitrario, sin obtener los objetivos anunciados por el poder ejecutivo, que -desorientado- alienta el fetichismo normativo y sólo irradia fuegos de artificio en dirección de la demagogia punitiva actualmente en boga.-

José Luis Ares
Bahía Blanca, noviembre de 2009.

Complicidad empresarios-dictadura

Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina

Presentamos la segunda entrega del artículo de la historiadora Victoria Basualdo(*) sobre la relación entre grandes empresas y fuerzas militares en la última dictadura. A la luz de la síntesis de la evidencia sobre varios de los casos más resonantes de complicidad patronal-militar (Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz), este trabajo desmenuza la participación de sectores civiles empresarios en alianza con los mandos militares, y propone una investigación más profunda del papel de las cúpulas empresarias, que acrecentaron su centralidad económica y social y su influencia política en los últimos 30 años, en medio del cambio estructural operado en la Argentina desde mediados de los´70. Este artículo fue inicialmente publicado en marzo por la FETIA (Federación de Trabajadores de la Industria y Afines) de la CTA en un suplemento especial por los 30 años del golpe.


d) Ford Motors Argentina

Ford Motors instaló sus primeras filiales en Argentina en las primeras décadas del siglo, primero en Barracas y luego en La Boca, mientras que la actual planta de General Pacheco, en la Provincia de Buenos Aires, fue inaugurada en 1961. La investigación sobre la actuación de la empresa durante la última dictadura dio lugar a una causa penal y a una causa civil contra personal directivo de la empresa, impulsada por algunos de los obreros sobrevivientes, especialmente Pedro Norberto Troiani. Entre marzo y mayo de 1976, hubo 25 delegados secuestrados. Todos pertenecían a la comisión interna, que se encontraba conformada por 200 delegados, en una planta con alrededor de 5.000 obreros. Los 25 trabajadores estuvieron técnicamente desaparecidos de 30 a 60 días. La mitad de ellos fue secuestrada en sus casas y llevada a la comisaría de Tigre, dispuesta como centro clandestino, mientras que la otra mitad fue detenida directamente en la planta de General Pacheco.

La relación entre la empresa y las fuerzas militares se puso de manifiesto de diversas maneras en el caso de Ford. Por un lado, trabajadores secuestrados testimonian que sus detenciones se efectuaron en camionetas F100 que eran proporcionadas a las fuerzas represivas por la empresa. Por otro lado, existen numerosos testimonios que indican que, lejos de limitarse a apoyar a las fuerzas represivas, la empresa reclamó el secuestro de trabajadores y delegados gremiales a las fuerzas armadas. Una de las esposas de los secuestrados, Arcelia Luján de Portillo, indicó en su declaración judicial que en su entrevista con un militar responsable de los secuestros, de apellido Molinari, éste “sacó de un cajón una lista en un papel tipo oficio con el logotipo de Ford, manifestándome: “Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que queríamos que chupáramos”.” Diversos testimonios indican que el “marcado” por parte de la empresa de quiénes debían ser secuestrados no sólo se realizó mediante la lista mencionada, sino también a partir de los carnets con las fotos personales de los trabajadores, que fueron entregados a los militares con el objeto de que los utilizaran para la correcta identificación de sus detenidos.

Testimonios adicionales, como el de Jorge Ernesto Berguier, quien se encontraba realizando su servicio militar en aquellos años de la dictadura, permiten apreciar el intercambio de favores entre la empresa y las fuerzas militares: “Esos operativos (de control en ruta) duraban todo el día, y almorzábamos en la Ford de Pacheco (…). Antes de salir, el oficial a cargo hacía una especie de arenga y nos decía “vamos a detener subversivos, vamos a almorzar a Ford, ésta es la colaboración de la empresa con las fuerzas armadas, hay que agradecerle.” Había una mancomunión entre el gobierno de las fuerzas armadas y la empresa… Comíamos en el comedor de la fábrica, y no era secreto que los oficiales se saludaban con los que servían la comida, y con los militares que estaban en la puerta, de seguridad. Esto era habitual, era un saludo fraternal (…)”.

La presencia permanente de las fuerzas armadas en el predio de la empresa fue confirmada en términos muy similares por testimonios de trabajadores, como Daniel Hagelin, quien se desempeñó como obrero de Ford durante la dictadura: “Había una gran presencia militar adentro del predio, de hecho el área de deportes, donde estaban las canchas de fútbol, tenis, quinchos y vestuarios de los obreros, era el cuartel de los militares; los trabajadores tenían vedado el acceso a ese sector. Pero además de eso nuestros comedores de planta tenían un horario para que fueran a comer los militares destacados en el lugar, incluso había chicos que hacían el servicio militar en la fábrica, como si fuera una unidad más. No puedo decir que había un regimiento, pero había más de cien personas afectadas, por lo menos una compañía militar había en la fábrica, y no fabricando autos precisamente… No cumplían tareas de seguridad de las instalaciones, de eso se ocupaba la propia empresa, sino que tenía la tarea específica de represión. Los militares actuaban a pedido de la gerencia, que tenía su voz cantante en un tal Galarraga, gerente de Relaciones Institucionales. No podemos decir que los militares mandaban a los trabajadores, sino que estaban para algún caso de reclamo salarial o reclamo gremial que se llevara adelante. La dirección de la empresa era pro militar. Fue famosa la situación que vivió la comisión interna que sufrió el golpe, que meses antes de la caída del gobierno de Isabel tuvo una discusión con Galarraga, quien les dijo textualmente: "Yo con ustedes no discuto más, y a partir de ahora denle mis saludos a Camps". Nadie sabía quien era el tal Camps, quien luego del golpe aparece como jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y llegó a desaparecer a dos miembros de esa comisión directiva.”

Pero la participación de la empresa en el proceso represivo no se restringió a proveer apoyo logístico ni a demandar la detención de algunos de sus propios trabajadores, sino que, al igual que en Acindar, alcanzó su máximo nivel en el caso de Ford: está probado que las fuerzas militares instalaron en el campo de deportes de la planta de Pacheco una dependencia militar adonde funcionó un centro clandestino de detención. En el mismo fueron recluidos algunos de los delegados gremiales secuestrados dentro de la fábrica por ciertos períodos de tiempo. Es el caso del obrero Juan Carlos Conti, delegado del personal del sindicato de Mecánicos (SMATA) que trabajaba en Ford desde 1965, quien fue secuestrado en el interior de la fábrica el 14 de Abril de 1976. Fue conducido en una camioneta de la empresa hasta un quincho, en el propio predio de la fábrica, con sus manos atadas con alambres. Luego de su secuestro, la empresa intimó a Conti por “abandono de tareas”, y cuando su esposa responde relatando lo sucedido (de lo cual la empresa por supuesto estaba al tanto), procedió a despedirlo de todas formas. Por otra parte, personal de la empresa tuvo intervención personal en los interrogatorios de los delegados secuestrados, para extraer información vinculada a la actividad sindical dentro de la fábrica. Es el caso del detenido Francisco Guillermo Perrotta que no era obrero sino uno de los 2.500 empleados administrativos de la planta que hasta mediados de los ’70 no tenían representación gremial. Como empleado de la Oficina de Análisis de Costo, Material e Inventario, Perrotta tenía acceso a información clave sobre las cuestiones internas de la fábrica. Junto a otro delegado del área financiera, fueron los dos únicos torturados con picana eléctrica. Perrotta identificó por su voz (dado que se encontraba encapuchado) al Jefe de Seguridad de la fábrica, Héctor Francisco Sibilla, como una de las personas presentes durante su interrogatorio, durante el cual le mencionaron datos y nombres internos de la Ford que sólo personal de la firma muy bien informado podía conocer. Sibilla era miembro de las Fuerzas Armadas y fue ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel, al parecer como premio por el disciplinamiento obtenido en la Ford. Significativamente Sibilla fue contratado, luego de su paso por la empresa, por la Embajada de Estados Unidos como personal de seguridad de la sede diplomática, en un cargo que ocupó hasta 2004.

e) Ingenio Ledesma

El ingenio azucarero Ledesma fue fundado hace más de un siglo en la localidad de Libertador San Martín, en la Provincia de Jujuy, por la familia Blaquier, miembros destacados de la oligarquía terrateniente conformada a lo largo del siglo XIX. La articulación de los directivos del ingenio Ledesma con las fuerzas represivas fue dada a conocer por el intenso activismo de Olga Arédez, esposa de Luis Ramón Aredez, pediatra que habiéndose desempeñado como médico del ingenio, fue secuestrado por las fuerzas armadas en mayo de 1977 y nunca más apareció. Aredez había sido despedido en los años ´50 del ingenio Ledesma por utilizar recursos considerados excesivos en los obreros y sus hijos, que padecían de enfermedades, como la diarrea estival, que causaba la muerte de decenas de ellos en temporada de zafra. Luego del despido de la firma, pasó a desempeñarse por un tiempo como director del hospital de Tilcara. A pesar de las advertencias de amigos y vecinos, Aredez decidió retornar nuevamente a Gral. San Martín para atender a los trabajadores del ingenio por fuera de la estructura de la empresa. En 1973 distintos grupos políticos impulsaron su candidatura a la intendencia. Durante su mandato comenzó a exigir el pago de impuestos de la empresa Ledesma al municipio, por primera vez en su historia centenaria. El 24 de Marzo de 1976 Luis Arédez fue detenido por fuerzas de seguridad en su casa, permaneciendo un mes desaparecido, y luego casi un año en la cárcel, al fin del cual fue dejado en libertad y pudo retornar a su hogar. En mayo de 1977, después de haber atendido a algunos de sus pacientes en el hospital de la localidad de Fraile Pintado, desapareció sin dejar rastros. Posteriormente, lograron recabar el testimonio de un vecino quien lo había visto conduciendo su auto en la ruta interprovincial 34, acompañado de otros tres hombres desconocidos, y aunque saludó al Dr. Arédez, éste no respondió el saludo. A raíz de la investigación de la CONADEP un detenido que estuvo en el campo de concentración de la localidad de Guerrero, Prov. de Jujuy afirma que entre los detenidos del Campo de Guerrero se encontraba, al parecer muy torturado, el Dr. Luis Arédez.

El testimonio de Olga Arédez proporciona datos clave para comprender la relación entre el ingenio y las fuerzas represivas. En primer lugar, refiriéndose a la primera detención de Luis Arédez, en Marzo de 1976, Olga señala en su declaración ante la CONADEP que su hijo Ricardo “vió desde su ventana del dormitorio, cómo su padre era cargado por una acción conjunta de la policía de la provincia y la gendarmería nacional, la cual, y siendo una fuerza militar creada en su origen para combatir el contrabando en las fronteras, está establecida desde hace varias decenas de años dentro del territorio de la empresa privada conocida como Ingenio Ledesma. Mi marido fue cargado en la parte trasera de una camioneta con el logotipo de la Empresa Ledesma impreso en las puertas de dicho vehículo. La camioneta era conducida por un empleado de la propia empresa.”

La colaboración de Ledesma en la represión fue admitida frente a ella por personal de la empresa: “me entrevisté con el Administrador del Ingenio Ledesma, el ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la Empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas, en sus palabras, “para limpiar al país de indeseables”.” Y el peso de los intereses empresarios en los motivos de la detención también fue oportunamente clarificado: “También aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa Ledesma.”

El caso de Arédez no fue de ninguna manera un caso especial en lo que se refiere a la participación del ingenio en el proceso represivo en la zona. En los tristemente célebres apagones, que comenzaron a realizarse a partir del 20 de Julio de 1976, durante los cuales se cortaba el suministro de energía eléctrica entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, decenas de trabajadores, estudiantes, amas de casa, sindicalistas y profesionales fueron secuestrados, de acuerdo al testimonio de Aredez, “siempre con la colaboración del parque móvil de la Empresa Ledesma.” Los secuestrados fueron recluidos en diferentes centros clandestinos de detención en los que fueron brutalmente torturados, entre los que se encontraba “la sede del escuadrón 20 de gendarmería nacional, ubicado dentro del predio de la Empresa Ledesma, en la actualidad llamado Barrio Ledesma.”

Por si quedaran dudas de la relación entre la empresa y las fuerzas armadas, Olga Aredez señala que al mes de la desaparición de su esposo, después de regresar de una misa para pedir por su aparición, vio invadida su casa “de soldados uniformados del Ejército Argentino (alrededor de 30), al mando de un empleado de la empresa Ledesma, Juan de la Cruz Kairuz, quien también desempeñaba la actividad de entrenador del equipo de fútbol de la Empresa Ledesma, Club Atlético Ledesma. Kairuz iba vestido de civil e impartía ordenes al los uniformados de ese allanamiento y, nuevamente, sin ninguna orden judicial se llevaron de nuestro domicilio muchos documentos y libros.”

Resulta importante tener en cuenta el contexto del funcionamiento de la estructura productiva del ingenio y su impacto humano, ecológico y económico, para comprender que el terror instaurado durante la dictadura se constituyó en otro elemento más de control, en un marco de explotación extrema. La jornada diaria de más de 12 horas que debían cumplir los trabajadores (en ese entonces entre 12.000 y 12.500, hoy serían menos de 2.500), los insuficientes salarios, pagados no con dinero sino con papeles de crédito de la empresa, la falta de atención médica adecuada y las condiciones precarias de vivienda en pueblo, vigentes tanto en los años ´70s como en la actualidad, constituyen el contexto de la política represiva. Esto se suma a la profunda insalubridad no sólo de las condiciones de trabajo sino de vida, ya que por la constante aspiración del polvo del bagazo, el desecho de la caña de azúcar que contamina el agua, el aire y la tierra, los pobladores sufren severos problemas respiratorios, que en muchos casos, como el de Olga Arédez, derivaron en cáncer de pulmón, lo que finalmente causó su muerte el 17 de marzo de 2005.

Una reveladora entrevista a Mario Paz, ex directivo de relaciones públicas del ingenio Ledesma, provee información adicional sobre los criterios de contratación, control y despido de la empresa. Paz admitió orgulloso haber despedido a más de diez mil trabajadores, entre ellos a Luis Arédez, quien “era un mediquito zurdo, un buen médico pediatra, pero que tenía ese gesto demagógico con el personal”. Reconoció asimismo que el personal de gendarmería (“eran seis hombres, pero qué cojonudos”) tenía acceso permanente al terreno de la empresa, dentro del que tenían un destacamento propio. Finalmente, en una declaración útil para entender la filosofía que guiaba el manejo de recursos humanos de la empresa: “Yo detengo diez sospechosos, los reviento a todos hasta que salta el culpable, y ahí largo a los nueve restantes y les pido disculpas”.

Esta identificación de Mario Paz, y por lo tanto de la empresa que lo empleaba para tratar con sus empleados, con las fuerzas represivas se reflejó también en su actitud de permanente intimidación a quienes tuvieran la intención de denunciar las violaciones a los derechos humanos frente a los organismos internacionales. Como indica Olga Arédez en su testimonio ante la CONADEP: “A comienzos del año 1979 nos reunimos en la ciudad de San Miguel de Tucumán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la O.E.A. (Organización de Estados Americanos), para realizar la denuncia de la desaparición de nuestros familiares. Nos juntamos centenares de familiares de todo el noroeste argentino. En el hotel donde se recepcionaba las denuncias, Hotel Versalles, estaba también alojado, sorpresivamente, junto a su mujer el Director de Relaciones Públicas de la Empresa Ledesma, el señor Mario Paz, muy temido por los demás familiares, quienes venían a denunciar las detenciones y desapariciones producidas en Ledesma. Mario Paz se apostó en un sillón a la entrada del hotel, y cuando accedíamos a presentar las denuncias, nos topábamos, inevitablemente, con su figura. Por este motivo algunos familiares, que tenían sus otros hijos empleados en la Empresa Ledesma, no pudieron hacer sus denuncias de una manera personal. Las tuvimos que llevar por ellos los otros denunciantes, no vinculados laboralmente a la empresa, y entregarlas en su lugar. El mencionado Mario Paz no se movió ni un instante de su sitio durante nuestra presentación.”

f) Mercedes Benz

La empresa automotriz Mercedes Benz, hoy Daimler Chrysler, una de las mayores empresas industriales europeas, fue fundada en Alemania en 1890. La planta de Argentina, la primera filial de la empresa en el exterior, se estableció en González Catán, Provincia de Buenos Aires, en 1951. La participación de la empresa en la represión a sus trabajadores durante la última dictadura militar ha sido investigada por la periodista Gaby Weber, y sus hallazgos fueron detallados en dos libros y un documental. El análisis de la historia de la empresa sitúa sus acciones durante la dictadura en perspectiva: a la luz de su relación con el nazismo a partir de la década de 1930 y los beneficios que esta asociación le reportó en la expansión de su producción y sus ganancias, de la utilización mano de obra compuesta por polacos y judíos reducidos a relaciones de trabajo equivalentes a la servidumbre, y del empleo ofrecido por Mercedes Benz Argentina a Adolf Eichmann, criminal de guerra y encargado de la logística del transporte masivo de judíos hacia los campos de exterminio, hasta su secuestro por agentes de inteligencia que lo trasladaron a Israel, adonde fue juzgado en 1961 y ejecutado en 1962, la política represiva de Mercedes Benz no parece sino presentar una línea de continuidad bastante predecible.

De modo similar a los trabajadores de otras plantas, los obreros de Mercedes Benz se movilizaron en octubre de 1975 en rechazo a los representantes designados por el sindicato de trabajadores del gremio mecánico y automotor a nivel nacional, SMATA, debido a que lejos de representar los intereses de los trabajadores, no hacían más que negociar con los directivos de la empresa. Los cuatro mil trabajadores de la planta, reunidos en asamblea, eligieron una nueva comisión interna, compuesta por nueve representantes, que a partir de ese momento sería conocida como “el grupo de los nueve”. SMATA negó la validez de la elección y de la comisión interna y la empresa despidió a 115 obreros (entre los cuales se contaban los 17 que luego serían secuestrados durante la dictadura) con aval del gremio automotor y su secretario general José Rodríguez. El 24 de Octubre de 1975, en el transcurso de la huelga, se produjo el secuestro del Jefe de Producción de la planta, Heinrich Metz, por parte de Montoneros, con la demanda de la reincorporación de los cesantes. La empresa finalmente cedió y declaró la reincorporación de todos los despedidos, después de lo cual Montoneros exigió el pago de un rescate, que de acuerdo con la casa matriz de la empresa en Alemania fue de siete millones de dólares, mientras que la gerencia local sostiene que fue de cuatro y los encargados de finanzas de Montoneros de dos millones. La investigación sobre el misterio del monto efectivamente pagado por el rescate dejó al descubierto las prácticas fraudulentas de la empresa, que aprovechó el secuestro para consignar una cifra muy superior a la real en su declaración de impuestos en Alemania, lo que le permitió obtener un importante margen de ganancia.

La situación en la fábrica comenzó a alterarse significativamente entre fines de 1975 y comienzos de 1976. Weber demuestra de manera contundente las relaciones entre el gobierno, en particular el entonces Ministro de Trabajo Carlos Ruckauf, quien el 6 de octubre de 1975 promovió y firmó un decreto de aniquilamiento de la subversión en los centros industriales, asimilando toda lucha obrera a un proceso de guerrilla industrial, la dirigencia sindical burocrática y las cúpulas empresariales. En el caso de SMATA, la aceptación de la política de eliminación de la “guerrilla industrial” impuesta por el gobierno se plasmó en la firma de un convenio con las empresas automotrices, que entró en vigencia en Mercedes Benz el 21 de julio de 1975, estableciendo que el 1% del precio de venta de cada vehículo se dedicaría a la formación de un fondo extraordinario para la “erradicación de elementos negativos” de la fábrica. Este fondo sería administrado por la dirección de SMATA sin auditoría alguna, a cambio de que la propia entidad supuestamente representativa de los trabajadores se encargara ella misma de garantizar su represión efectiva. Luego del golpe militar de 1976 se sucedieron los secuestros de trabajadores y activistas en la planta.

De los diecisiete trabajadores de Mercedes Benz Argentina que fueron secuestrados durante la última dictadura, sólo tres volvieron a aparecer. El trabajo de Weber, que implicó años de investigación minuciosa, partió de los testimonios de los dos obreros secuestrados que sobrevivieron, Juan Martín (detenido en abril de 1976 en la fábrica Mercedes Benz, encarcelado y torturado en la comisaría de San Justo, para ser finalmente liberado diecinueve días después) y Héctor Aníbal Ratto (detenido en agosto de 1977 también en la fábrica por un grupo armado perteneciente al Ejército Argentino, permaneció en cautiverio clandestino y bajo tortura en la Comisaría de Ramos Mejía y en Campo de Mayo, recuperando la libertad en marzo de 1979), quienes aunque se consideran afortunados por haber sobrevivido, sufrieron las secuelas físicas y psíquicas de ese cautiverio durante el resto de su vida. Un tercer sobreviviente es Alfredo Martín, un supervisor de la planta que fue detenido en diciembre de 1976, torturado por Rubén Lavallén en la comisaría de San Justo y liberado horas después.

La participación de la empresa en la represión se encuentra documentada en varios testimonios. El obrero Héctor Ratto estuvo presente cuando el jefe de producción de la fábrica, Juan Tasselkraut, transmitió a las fuerzas de seguridad la dirección del obrero Diego Núñez, quien fue secuestrado ese mismo día y permanece desaparecido hasta la fecha. Varios trabajadores fueron apresados en su lugar de trabajo, sin ningún tipo de protesta por parte del personal gerencial de la fábrica, que por el contrario colaboró con los grupos represivos. El mismo Juan Tasselkraut dio cuenta de los efectos que la represión tuvo en el funcionamiento interno de la empresa, cuando en el contexto de los Juicios por la Verdad en los tribunales de La Plata, se le preguntó si consideraba que existía alguna relación entre la disminución del conflicto en la fábrica, el aumento de la productividad y la desaparición de obreros y militantes. Su respuesta fue: “Y... Milagros no hay”.

El caso de Rubén Luis Lavallén ilustra la profundidad de la relación de la empresa con las fuerzas represivas. Lavallén estuvo a cargo durante los primeros años de la dictadura del comando de la Brigada de Investigaciones de San Justo, sede de un centro clandestino de detención. Fue positivamente identificado por la esposa del obrero de Mercedes Benz, Alberto Gigena, como uno de los secuestradores de su esposo, quien nunca volvió a aparecer. Con esta foja de servicios, Lavallén fue contratado por Mercedes Benz en 1978 como encargado de la seguridad y vigilancia de la planta de González Catán. Ya en democracia, Lavallén fue condenado, en 1998, a cuatro años de prisión por falsificación del acta de nacimiento de la menor Paula Logares, hija de una pareja de uruguayos secuestrados en Montevideo y detenidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo, en el marco del Plan Cóndor. A la pareja jamás se la volvió a ver con vida y la menor fue apropiada por Lavallén y registrada como hija suya.

Para comprender cabalmente la estrecha relación entre el personal directivo y la cúpula militar, cabe destacar que Mercedes Benz, que se encontraba entre las veinte empresas de mayor facturación y era uno de los principales complejos industriales del país, tenía como principal cliente al Ejército Argentino, quien compraba a la firma los camiones Unimog. De acuerdo a información proporcionada por personal gerencial de la empresa, la empresa donó, como parte de sus atenciones al ejército, equipamiento obstétrico para ser utilizado en Campo de Mayo. Las únicas instalaciones de obstetricia presentes en dicha dependencia militar eran ilegales y fueron montadas para llevar a cabo los partos clandestinos de mujeres desaparecidas.


(*) Historiadora UBA-Universidad de Columbia

Notas:

14-Los directivos acusados son: Nicolás Enrique Courard, presidente y representante legal de la compañía Ford Motor Argentina SA; Pedro Muller, gerente de manufactura; Guillermo Galárraga, a cargo de la gerencia de Relaciones Industriales, y Héctor Francisco Sibilla, el militar retirado del Ejército contratado tiempo después por la Embajada de Estados Unidos, jefe de Seguridad en la Planta de Pacheco y ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel.
15-Solicitud de declaraciones indagatorias en la causa Molinari, Antonio, Personal Ford s/privación ilegal de la libertad, iniciada por el querellante Pedro Norberto Troiani, con el patrocinio letrado del Dr. Tomás Ojea Quintana. La declaración de Arcelia Luján Portillo consta a fs. 44 de la causa. Se incluyen numerosos testimonios adicionales en este sentido, como el de Elisa Josefa Charlin, esposa de otro secuestrado, quien se entrevistó con Molinari “quien poseía una lista con aproximadamente veinte o treinta nombres escrita a máquina. Recuerdo que dicho papel tenía el logotipo de Ford…”. Molinari le aclaró en dicha ocasión: “Esta es la lista que me entregaron, apoyando la mano sobre la lista más arriba referida”. Fs. 465/466.
16-Citado en Fabián Domínguez y Alfredo Sayus, La Sombra de Campo de Mayo. (http://www.nuncamas.org/investig/saydom/lasombra/lasombr8.htm)
17-Ver denuncia de la CTA ante el Juez Baltasar Garzón, p. 14.
18-Ver Alejandra Dandan, “Ford Falcon modelo ´76”, Página 12, 26 de Febrero de 2006. Una de las líneas de investigación abierta por los trabajadores y sus representantes legales es la relación entre la filial argentina y la casa matriz, con la intención de determinar el grado de conocimiento y participación de la segunda en el proceso represivo.
19-Todos las citas textuales en adelante provienen de Arédez Sagues, Luis Ramón, Legajo Conadep N° 3376. Testimonio de su esposa, Olga del Valle Márquez de Arédez, y de sus hijos Teresa Adriana, Luis Ramón, y Ricardo Ariel Arédez.
20-“Nunca más” de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), páginas 217-218-262-263-447, quinta edición, Editorial Eudeba (1999).
21-El documental “Sol de Noche. La historia de Olga y Luis” de los realizadores Pablo Milstein y Noberto Ludin, con producción ejecutiva de Eduardo Aliverti (color, 78 min., 2002) proporciona datos e imágenes ilustrativas del funcionamiento de la empresa, y del trato a sus trabajadores. Para más datos y análisis del documental, ver Victoria Basualdo, “Cine documental e historia reciente: apuntes sobre la complicidad patronal-militar” en Revista Lucha Armada No. 4, Septiembre a Noviembre de 2005.
22- La entrevista se encuentra incluida en el documental “Sol de Noche”.
23- Su primer libro fue publicado en Alemania (“Los desaparecidos de Mercedes Benz”), y el segundo no trata específicamente del caso de Mercedes Benz, aunque contiene algunos capítulos que a él se refieren (ver Gaby Weber, La conexión alemana. El lavado del dinero nazi en la Argentina Buenos Aires: Edhasa,2005). El documental se titula “Milagros no hay. Los desaparecidos de Mercedes Benz” color, 113 min., 2003, y existe una versión actualizada: 85 minutos, 2005. Para más datos y análisis del documental, ver Victoria Basualdo, “Cine documental e historia reciente: apuntes sobre la complicidad patronal-militar” en Revista Lucha Armada No. 4, Septiembre a Noviembre de 2005.
24-Ese decreto que fue firmado por Italo Argentino Luder (Presidente Provisorio del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo) acompañado por sus ministros (Manuel Arauz Castex, Tomás Vottero, Carlos Ruckauf, Carlos A. Emery, Antonio Cafiero y Angel Federico Robledo) establecía que: “Visto la necesidad de enfrentar la actividad de elementos subversivos que con sus acciones vienen alterando la paz y la tranquilidad del país, cuya salvaguardia es responsabilidad del Gobierno y de todos los sectores de la Nación y considerando lo propuestos por los Señores Ministros. El Presidente Provisorio del Senado de la Nación en ejercicio del poder ejecutivo en Acuerdo General de Ministros decreta: Art 1º: "Constitúyese el Consejo de Seguridad Interior, [lo conformarán] el Presidente de la Nación,... los Ministros del P.E.N. y los Comandantes Generales de la Fuerza Armadas...."Art. 2º: "Compete al Consejo de Seguridad interior: a) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión. b) La ejecución de toda tarea que en orden a ello el Presidente de la Nación le imponga". Art. 3º: El Consejo de Defensa, presidido por el Ministro de Defensa e integrado por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas... tendrán las siguientes atribuciones: Items a) a c) asesorar, proponer y coordinar medidas para la lucha contra la subversión, d) conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión, e) planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerza Policiales para la lucha contra la subversión". Art: 4º y 5º: "La Secretaría de Prensa y Difusión, la secretaría de Informaciones del estado... la Policía Federal y el Servicio Penitenciario nacional, quedan funcionalmente afectadas al Consejo de Defensa". Art 6º. El Estado Mayor Conjunto tendrá como misión asistir al Consejo de Defensa..."
25-Las nuevas líneas de investigación llevadas adelante por Gaby Weber después de la presentación del documental, se encuentran reflejadas en su libro La conexión alemana. El lavado del dinero nazi en la Argentina (Buenos Aires: Edhasa,2005). Allí se indica que la apropiación de hijos de desaparecidos por parte de empleados jerárquicos de Mercedes Benz no se restringió a Lavallén, sino que también Juan Tasselkraut y su hermano están complicados en procesos de adopción ilegal de niños. Aunque aún no existe prueba fehaciente de que Diego Christian Tasselkraut, hijo de Juan Tasselkraut, y Andrés Gerardo y Pablo Daniel, hijos de Alejandro Tomás Tasselkraut, hermano de Juan, sean hijos de desaparecidos, en los tres casos las partidas de nacimiento incluyen firmas de funcionarios y parteras ligados con otros casos de menores nacidos en cautiverio. Para más información al respecto, se recomienda consultar el capítulo 15 del libro de Weber.

Complicidad patronal -militar en la última dictadura Argentina

Boletín quincenal Nº40. Presentamos para el debate un artículo de la historiadora Victoria Basualdo(*) sobre la relación entre grandes empresas y fuerzas militares en la última dictadura. A la luz de la síntesis de la evidencia sobre varios de los casos más resonantes de complicidad patronal militar (Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz) este trabajo desmenuza la participación de sectores civiles empresarios en alianza con los mandos militares, y propone una investigación más profunda del papel de las cúpulas empresarias, que acrecentaron su centralidad económica y social y su influencia política en los últimos treinta años, en medio del cambio estructural operado en la Argentina desde mediados de los años '70. Este artículo fue inicialmente publicado en Marzo de 2006 por la FETIA (Federación de Trabajadores de la Industria y Afines) de la CTA en un suplemento especial por los 30 años del golpe.


LOS CASOS ACINDAR, ASTARSA y DÁLMINE SIDERCA

El presente artículo se propone recuperar, a treinta años del golpe militar del 24 de Marzo de 1976, un aspecto fundamental de esta historia: la complicidad entre grandes empresas y fuerzas armadas. Aunque desde hace algunos años y hasta la actualidad diversas denuncias impulsadas por parte de los trabajadores contra los grupos empresarios han sido difundidas por los medios de comunicación, la evidencia reciente recogida tanto por parte de investigadores independientes como a partir de diversas acciones judiciales no ha sido reunida en un solo trabajo, ni sus implicancias han sido suficientemente analizadas. Este artículo se concentrará en seis de los más resonantes casos de complicidad entre el empresariado industrial y las fuerzas represivas: los de las empresas Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz. Luego de sintetizar sus particularidades, se destacarán algunos aspectos que estos casos tienen en común, con el objeto de precisar las características de la relación entre empresas y fuerzas militares durante la última dictadura. Finalmente, se analizarán las implicancias que estas nuevas líneas de investigación tienen respecto a las interpretaciones vigentes de la historia del período.

I. La evidencia disponible sobre estos casos de complicidad patronal-militar

a) Astarsa

Las primeras instalaciones del astillero y establecimiento metalúrgico se establecieron en el Tigre durante la década de 1920, aunque la empresa se constituyó como sociedad anónima bajo el nombre Astarsa en los años ‘40, teniendo como accionistas mayoritarios a la Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia, propiedad de la familia Braun Menéndez, y Estrabou y Cía. De acuerdo a las estimaciones disponibles, la empresa empleaba a mediados de la década del ‘70 alrededor de 1.500 obreros, de los cuales aproximadamente 800 eran trabajadores metalúrgicos, y 700 eran navales. Aunque los salarios pagados en la empresa eran relativamente altos, dado que la mayoría de los trabajadores realizaban tareas calificadas, el trabajo se desarrollaba en pésimas condiciones de salubridad: “El golpeteo incesante sobre metales y chapas poblaba el aire de ruidos sordos. Las emanaciones tóxicas de pinturas y material de soldadura producían afecciones pulmonares de distinto grado de complejidad. Los casos de esterilidad y accidentes de trabajo con las soldaduras autógenas eran frecuentes. Un oficial calderero, por ejemplo, trabajaba vistiendo pesadas ropas de cuero para protegerse de las chispas en ambientes de más de 50 grados de calor dentro de los compartimientos estancos de los barcos donde por las reducidas dimensiones se concentran gases con gran facilidad.”

Entre 1971 y 1973, un grupo de trabajadores jóvenes que ingresaron a trabajar en la planta comenzaron a cuestionar las condiciones sumamente precarias de trabajo y la deficiente representación sindical que ofrecía el Sindicato de Obreros de la Industria Naval (SOIN). Conformaron una agrupación, que se presentó a elecciones a fines de 1972 con la denominación de Lista Marrón. Aunque en una primera instancia el accionar de la agrupación fue limitado, y varios miembros de la lista fueron despedidos por la empresa, una sucesión de accidentes de trabajo (que no eran tales, sino que estaban explicados por las deficientes condiciones de trabajo y la ausencia total de asistencia médica adecuada) que culminaron en la muerte de varios obreros, originaron una creciente movilización por parte de todos los trabajadores de la fábrica, que culminó en una toma del establecimiento en Mayo de 1973, coincidiendo con la asunción del gobierno por parte de Héctor Cámpora.

Entre 1973 y 1975 la agrupación que aunque tomó el nombre de José María Alessio (el nombre de uno de los trabajadores muertos en un “accidente” en la fábrica) seguía presentándose a elecciones como Lista Marrón, obtuvo un impresionante avance en la representación de los trabajadores, y muchas conquistas sindicales, entre los que se destacó la creación de la Comisión Obrera de Higiene y Seguridad, relacionada con el Instituto de Medicina del Trabajo y con la Universidad Tecnológica Nacional, además del establecimiento de relaciones estrechas con otras trabajadores de otras fábricas de la zona norte. Como resultado de sus acciones, y de su afiliación a la JTP (Juventud Trabajadora Peronista), en 1975 varios de los militantes fueron secuestrados por grupos paramilitares y fueron salvajemente torturados, aunque la intensa movilización de trabajadores de las fábricas de Tigre y vecinos logró su liberación. En enero de 1976 continuaron los secuestros, y en febrero tres militantes aparecieron muertos, totalmente desfigurados.

El día del golpe militar, el 24 de Marzo de 1976, fuerzas del ejército al mando del teniente coronel Molinari, quien se desempeñaba en la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo, acordonaron la entrada a Astarsa, Mestrina y Forte, con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros, en un operativo que se extendió hasta el día siguiente. Con la anuencia de la empresa, que permitió de buen grado su presencia y colaboró en su identificación, detuvieron a alrededor de 60 obreros, a quienes condujeron a la Comisaría 1ª de Tigre. De acuerdo a los testimonios de trabajadores que sobrevivieron, los militares poseían instrucciones precisas, la primera de las cuales era desmantelar el cuerpo de delegados y la comisión interna. Además de los asesinados y secuestrados, se calcula que 16 de los obreros y delegados continúan desaparecidos hasta la actualidad.

El caso de Jorge Rampoldi sirve para ilustrar las estrechas relaciones entre la empresa, sectores del sindicalismo burocrático y las fuerzas militares. Rampoldi, afiliado a la CNU (Concentración Nacional Universitaria, organización universitaria de extrema derecha) se desempeñaba en un cargo administrativo de la oficina de personal de Astarsa, a lo que sumó luego su papel como asesor letrado del SOIN (sindicato de navales, de tendencia burocrática), para terminar participando en la intervención al sindicato. En los juicios llevados adelante en Italia respecto a desapariciones en Argentina durante la última dictadura militar se lo implicó como uno de los responsables de la desaparición y el asesinato de dos trabajadores de Astarsa, Martino Mastinú, llamado “el Tano” por sus compañeros, y su cuñado Mario Marras, al que le decían “el Tanito”.

Por otra parte, un grupo de trabajadores sobrevivientes de Astarsa, al tomar conocimiento en 2003 de la designación de Rampoldi (quien antes se había desempeñado como viceministro de trabajo de Carlos Ruckauf en la Provincia de Buenos Aires) como Director Nacional de Migraciones, realizaron una presentación ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, que derivó en la convocatoria de audiencias en Julio y Agosto de 2003. Tanto en la presentación como en las audiencias se denunció que tanto Rampoldi como otros miembros de la intervención al sindicato habían sido identificados como miembros de los grupos que secuestraron a obreros de Astarsa y a sus familiares. En particular, se lo acusó de intervenir en el secuestro del obrero Aldo Ramírez, quien fue llevado al campo de concentración situado en Campo de Mayo, donde fue salvajemente torturado y luego expuesto ante otros secuestrados. Asimismo, se señala que el 16 de Marzo de 1976, luego de que la esposa de uno de los obreros fuera secuestrada, un grupo de trabajadores se dirigió a la oficina de personal de Astarsa para notificar a Rampoldi de lo sucedido y requerir su colaboración para localizarla. Según los testimonios, Rampoldi les respondió: “Ustedes no existen, no se dan cuenta? Ahora cuando nosotros queremos los cagamos a tiros.”

b) Acindar

La empresa Acindar Industria Argentina de Aceros S.R.L. se fundó en el año 1942 en la ciudad de Rosario, ante la necesidad de acero en un contexto de restricciones a las importaciones, debido a la Segunda Guerra Mundial. La firma se constituyó a partir de la asociación de dos empresas constructoras: la empresa Acevedo y Shaw y la Compañía de Construcciones Civiles de Aguirre y Aragón, y la mayor figura de su fundación fue el Ingeniero Arturo Acevedo. En 1951 Acindar realizó su primera ampliación, instalando en Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, la denominada “planta 2”, establecimiento al que nos referiremos en este apartado.

Para comprender la relación entre la empresa Acindar y las fuerzas armadas resulta necesario detenerse brevemente en la historia gremial de Villa Constitución en esos años, en especial en el sindicato de trabajadores metalúrgicos (que agrupaba a los trabajadores de Acindar, Metcon, Marathon, Villber, entre otras plantas metalúrgicas que constituían el núcleo central de la actividad económica en la localidad). En el mes de Noviembre de 1974 se llevaron a cabo las elecciones de la UOM Villa Constitución, en las que la Lista Marrón, que representaba a la tendencia combativa que había ido organizándose desde comienzos de los años ´70 y estaba encabezada por Alberto Piccinini, triunfó con más del 65% de los votos. La nueva conducción duró apenas tres meses en el sindicato.
En la madrugada del 20 de Marzo de 1975, Villa Constitución, junto con varias otras localidades del cordón industrial a lo largo del Río Paraná, fue ocupada militarmente (en un operativo conjunto de las policías provincial y federal y de la prefectura naval) por una decisión del gobierno nacional, ante una supuesta “conspiración” contra el gobierno, orquestada a lo largo del cordón industrial y con sede principal en Villa. Una columna de un kilómetro y medio de automóviles y camiones, compuestos por policías provinciales, federales, matones de la derecha sindical peronista y asesinos ligados a la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista), como Aníbal Gordon, entre otros, invadieron la ciudad. Líderes y militantes sindicales fueron arrestados en sus casas, en las rutas o lugares de trabajo, desde allí trasladados a Rosario y finalmente confinados a la prisión de Coronda. Se produjeron alrededor de 300 arrestos, que incluían a toda la comisión Directiva de la UOM (con la excepción de Luis Segovia, que logró escaparse) y a los activistas de la CGT regional.

A pesar de la profundidad del golpe represivo, se produce al día siguiente la respuesta obrera: una huelga de “brazos caídos” dentro de las plantas, incluida Acindar. El Comité de Lucha, conformado por nuevos dirigentes en reemplazo de los ya detenidos, mantuvo la medida de fuerza durante 61 días, con el apoyo no sólo de los trabajadores, sino también de sus familias y de los “comités barriales,” hasta el 17 de Mayo de 1975, cuando una asamblea de 2.500 trabajadores aprobó unánimemente el levantamiento de la huelga. El lunes 19 los trabajadores metalúrgicos volvieron a las fábricas y comenzaron los despidos, que alcanzaron a más de 400 activistas. La represión no se detuvo allí, sino que por el contrario continuó durante 1975 y 1976, intensificándose aún más luego del golpe militar. Los presos de Villa Constitución fueron trasladados a las diferentes cárceles del país, torturados y castigados de todas las formas posibles. Algunos de ellos, una vez liberados, se dirigieron al exterior, mientras que otros soportaron el exilio interno y perdieron sus trabajos debido a las listas negras que circulaban de empresa a empresa. Y sin embargo corrieron mejor suerte que los trabajadores secuestrados a partir de 1976, que nunca más aparecieron.

La participación de la empresa en este proceso adquirió varias formas. Testimonios brindados ante la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el gobierno de Raúl Alfonsín en los inicios de su gobierno) indican que ya desde la escalada represiva desatada a partir de la “ocupación militar” de 1975 existían vínculos estrechos entre las fuerzas policiales y la empresa. Uno de los testigos señala que los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en Abril de 1975 habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra de estos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a “marcar” y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el helipuerto de Acindar.

Luego de estos sucesos, los efectivos policiales y parapoliciales instalaron un cuartel en el denominado “albergue de solteros”, ubicado dentro del predio de Acindar, en el que funcionaban entre varias decenas de efectivos, algunos de los cuales, como el oficial principal Mujica, recorrían la ciudad en automóviles sin patentes acompañados por efectivos de civil. Colaboraban con ellos supuestos obreros de la fábrica Acindar, en realidad informantes de las fuerzas policiales, entre los que se destacaba uno, Raúl Antonio Ranure. Este cuartel era utilizado como centro de detención e interrogatorios por parte de la Policía Federal. Los efectivos destacados dentro de Acindar no debían preocuparse por los gastos, ya que la empresa los proveía con todo lo que les fuera necesario.

Otros testigos acreditan que el automóvil en que se desplazaba el supuesto operario de Acindar, Ranure, era guardado en un galpón y custodiado por efectivos de civil que provenían del cuartel en Acindar. Indican asimismo que tanto Ranure como Mujica habían participado en numerosos operativos en la ruta que une San Nicolás con Villa Constitución, y que varios de estos detenidos fueron conducidos, encapuchados, hasta el cuartel ubicado en el predio de Acindar. Estos efectivos, junto con la oficialidad de la Policía Federal, planificaban las operaciones contra los trabajadores metalúrgicos dirigentes de la Lista Marrón, y los automóviles que utilizaban fueron identificados como participantes en los operativos en los que asesinaron a la abogada De Grandis, y a los obreros de Acindar Carlos Ruesca y Julio Palacios.

La existencia de un destacamento en el interior del predio de la fábrica fue confirmada no sólo por testimonios de vecinos y víctimas, sino también por las propias fuerzas de seguridad implicadas en la represión. Carlos Rampoldi, comisario inspector, el 30 de agosto de 1984, declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, constituida en Villa Constitución: "En el año 1977 ingresé a la Jefatura de la policía de Villa Constitución con el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones; en ese momento el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica de Acindar, cumpliendo tareas. Este grupo tenía su lugar de asentamiento en Santa Felicia, cerca de Vera, y en ese momento, al mismo tiempo, había una fuerza de tareas conformada por unos cuarenta hombres, que venían de distintas unidades del Litoral, provenían de distintas brigadas, estaban un mes y los renovaban por otro contingente. Estaban dirigidos por personal de baja categoría. De ese grupo se desprendía una sección para cuidar Rosario. En la práctica ellos dirigen los procedimientos, como detenciones o custodia de un lugar, y pedían nuestra colaboración..."

Por su parte, Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983 que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”, aclarando que “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos.” Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...".

Pero quizás la demostración más cabal de la mancomunión de los intereses de la empresa y de la dictadura esté centrada en la figura de José Alfredo Martínez de Hoz, quien pasó de ser presidente de Acindar hasta 1976, a ocupar el cargo de Ministro de Economía de la Nación a partir del golpe militar, posición desde la que se encargó de otorgar innumerables beneficios a su empresa, que a lo largo de la dictadura se benefició de los regímenes de promoción industrial (a expensas de la empresa estatal SOMISA), de la transferencia de su deuda privada al estado, y de cuantiosas transferencias de recursos que cimentaron su expansión como grupo económico.

c) Dálmine Siderca

La empresa Dálmine Siderca, propiedad del grupo económico Techint y hoy integrante de la alianza comercial TenarisSiderca, se estableció en la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, en 1954. Constituye uno de los casos menos conocidos de participación empresaria en el proceso represivo, debido a dos factores principales. Por un lado, la campaña por parte de la dirección de la empresa y del grupo Techint tendiente a deslindar responsabilidades por las desapariciones y asesinatos de sus trabajadores, y a atribuir la responsabilidad exclusivamente a las fuerzas militares, lo que ha vuelto más difícil la tarea de encontrar pruebas de la complicidad entre la empresa y las fuerzas represivas. Por otro lado, el papel central de la empresa en la ciudad de Campana en términos económicos, comunitarios y sociales, así como el poderío económico del grupo Techint, han servido como factor de disuasión tanto para trabajadores de la empresa como para los familiares de las víctimas y los vecinos en general que fueron testigos de la connivencia de la empresa.
Sin embargo, es posible rescatar una serie de elementos que prueban de manera contundente la colaboración de la empresa en el proceso represivo. Testimonios de trabajadores de la fábrica indican que muchas de las características presentes en otros de los casos también se dieron en Dálmine Siderca, como la presencia de personal del ejército en la puerta de la fábrica con listados de personas “marcadas”, la contratación, a partir del golpe militar de supuestos nuevos trabajadores que eran en realidad agentes de las fuerzas represivas, y la detención e intento de detención de trabajadores en la propia fábrica. Otro elemento en común con otros casos es el hecho de que la mayor parte de los desaparecidos de la zona eran trabajadores con fuerte activismo gremial, entre los que se destacaban los obreros de esta fábrica en particular.

Asimismo, existen algunos sucesos particulares que demuestran a las claras la relación estrecha con las fuerzas militares. Un incidente clave fue el conflicto desatado en la fábrica por falta de pago de premios en 1979. Los trabajadores se movilizaron y convocaron una asamblea, dentro de la fábrica, frente a las oficinas de Personal. A pesar de la presencia del coronel Zapata, del Área Conjunta 400, en la asamblea, los trabajadores resolvieron reclamar por el pago; reivindicación que, aunque parcialmente, se logró a regañadientes de la empresa y la Directiva gremial que había intentado impedir la asamblea por todos los medios. El coronel Zapata, en otro intento por disuadir a los obreros, había dicho a uno de los trabajadores que impulsaba la movilización:“...se acabó. Es la última vez que lo mando llamar. La próxima lo mando a buscar...”, demostrando claramente la plena coincidencia entre los intereses patronales y los militares. A pesar de estas presiones, los trabajadores decidieron impulsar el conflicto en una asamblea con voto a mano alzada, hecho más que inusual en esos tiempos.

El desarrollo de este conflicto y sus implicancias fueron descriptos por los trabajadores Ángel Recúpero (actual secretario general de la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica) y Luis Alberto Tavares (que junto a Recúpero había sido miembro de la comisión interna de Dálmine Siderca durante 17 años), en un testimonio clave: “El conflicto fue durísimo. La primera asamblea no fue presidida por los delegados, sino por un grupo de oficiales del Ejército con ametralladoras y bayonetas. Los militares concedían el uso de la palabra. Y algunos activistas trataban de hacer equilibrio entre lo que debían reclamar y el cuidado de la propia vida. Pocos cometieron el pecado de apasionarse demasiado.

Uno de ellos se llamaba Juan José Colorado Torrente. A otro se lo conocía como Pascual Gordillo. La primera asamblea pasó, luego vinieron las reuniones de los activistas en el vestuario de la acería. Eran encuentros atípicos, de no más de 30 empleados. Acudían, si se animaban, dos por cada sector. Antes de entrar, los paraba un subteniente para pedirles los nombres, los documentos e interrogarlos convenientemente. Protagonizaron tres días de huelga general, y las reivindicaciones fueron obtenidas. Cuando terminó la segunda jornada de paro, Torrente salió de la planta junto a dos de sus compañeros, cruzó la avenida Mitre, enfiló para su casa, en el centro del barrio Siderca, dejó al último operario en su domicilio y... nunca se lo volvió a ver en este mundo. A Gordillo le pasó exactamente lo mismo, sólo que unos días después.”

Por otra parte, cabe destacar que uno de los centros clandestinos de detención de la zona, el Tiro Federal de Campana, se encuentra lindante a la fábrica, y hasta existe una puerta que comunica ambos lugares. El predio de la Ruta 12, que hasta el 24 de marzo de 1976 funcionó un polígono de tiro civil, fue ocupado por el Ejército en la madrugada del 25 y transformado en un campo de concentración adonde se torturó, desapareció y mató a cientos de personas, entre ellos algunos trabajadores de Dálmine Siderca, hasta, por lo menos, mediados de 1977. La cercanía de la fábrica era tal que los desaparecidos apresados en el Tiro Federal escuchaban claramente los ruidos de las máquinas trabajando. Cuando en 2004 se realizó una visita de reconocimiento al predio, por el juez federal Federico Faggionato Márquez, quien comenzó la investigación a partir de una presentación que la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, los nueve ex detenidos pudieron reconocer cada uno de los sonidos de las etapas de producción que habían escuchado por primera vez estando desaparecidos.


(*)Historiadora UBA- Universidad de Columbia



Notas:

1-La principal fuente utilizada para reconstruir el caso de Astarsa es la investigación realizada por el historiador Federico Lorenz (parte de la cual está contenida en su artículo “Los trabajadores navales de Tigre. La militancia sindical en un contexto de enfrentamiento “militar””, Revista Lucha Armada N 2. Buenos Aires: Marzo a Mayo 2005). Otra fuente importante sobre este caso es el programa de historia oral llevado adelante por Memoria Abierta sobre la represión en Astarsa.
2-Lorenz (2005), 74.
3-Sobre las acusaciones a Rampoldi en los juicios realizados en Italia, ver Horacio Verbitsky, “Jaulas vacías”, Página/12, 18 de Junio de 2000.
4-Audiencia en el Honorable Congreso de la Nación, 2 de Julio de 2003, versión taquigráfica (http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cpyrhumanos/VersTaq2003.htm).
5-Ver, entre otros libros y publicaciones. Victorio Paulón, Angel Porcu, Bernardo Gallitelli, María Cecilia Cangiano, Ernesto Rodríguez y Oscar Videla (comp.) El Villazo. La experiencia de una ciudad y su movimiento obrero. Villa Constitución, 1999.
6-De aquí en adelante, a menos de que se indique lo contrario, se aludirá a testimonios recogidos por la CONADEP en su legajo No. 1770, parcialmente reproducidos en Eduardo Basualdo, Miguel Angel Fuks, Claudio Lozano, El conflicto de Villa Constitución. Ajuste y flexibilidad sobre los trabajadores. El caso Acindar. Buenos Aires: IDEP-CTA, 1991.
7-Uno de los testimoniantes frente a la CONADEP relató haber visto, por un descuido del implicado, una credencial con la fotografía de Ranure que lo identificaba como servicio de inteligencia de la Policía Federal, mientras que otro de los sobrevivientes, refiriéndose a otro “supuesto obrero”, en realidad infiltrado, dijo haber reconocido entre quienes lo identificaron a un fotógrafo que era compañero de trabajo en la fábrica.
8-El repartidor de sodas Pedro Alfaro, declaró el 7 de febrero de 1984, ante la Comisión de Derechos Humanos de Villa Constitución que el agente de la policía montada Juan Carlos Miranda le confesó que a varios detenidos los llevaban hasta dentro de Acindar y que Raúl Ranure, uno de los principales represores de la ciudad, "era Halcón, que participaba de los operativos nocturnos que se hacían en Villa Constitución, tripulando un Ford Falcon rural, celeste metalizado sin patente, que le había otorgado Acindar para que se movilizase junto con la oficialidad de la Policía Federal". Citado en Carlos del Frade, Matar para robar, luchar para vivir. Historia política de la impunidad. Santa Fe 1976/2004. (http://www.nuncamas.org/investig/)
9-Existen informaciones encontradas respecto a la fecha del arribo de Rampoldi a Villa Constitución. De acuerdo a Pedro Alfaro, en 1975 el comisario Rampoldi ya era integrante del Servicio de Informaciones de la Jefatura villense y "esencialmente ha prestado y presta su servicio a Acindar. Me consta que tiene el organigrama completo de la planta, ha sido invitado a almorzar en reiteradas oportunidades por el directorio de la empresa, decide y orienta a los directivos sobre quién puede o no entrar a la empresa". Carlos del Frade, Matar para robar, luchar para vivir. Historia política de la impunidad. Santa Fe 1976/2004. (http://www.nuncamas.org/investig/)
10-Ver Carlos del Frade, El Rosario de Galtieri y Feced (http://www.nuncamas.org/investig/).
11-Miguel A. Di Fino, Ariel O. Nuñez y Soledad Sadonio, Sobre ausencias y exilios. Un ensayo histórico sobre Campana entre 1976 y 1982. Campana, Buenos Aires: 1999.
12-Luis Majul, Los dueños de la Argentina. La cara oculta de los negocios. Buenos Aires: Sudamericana, 19na.edición, 1993, p. 231.
13-Ver Martina Noailles, “Un campo de la muerte intacto. Inspección ocular a un centro clandestino en Campana”, Página/12, 9 de Junio de 2004.

Que alguien se anime a defender a los milicos despues de leer esto

Relatos históricos de la batalla de Monte Chingolo, 23 de diciembre de 1975
Valentía

Entre los militares reinaba el pánico. La columna había sido detenida. Colautti (el teniente guerrillero) ordenó a sus dos compañeros que se retiraran y continuó, solo, hostigando a la columna militar. Los partes de la época curiosamente dicen que "los sediciosos se hicieron fuertes a dos kilómetros del puente, particularmente sobre el Puente La Noria y Camino Negro, lugares donde se combatió de 20.30 a 23.45, hora en que fue aniquilada una fracción importante del enemigo, en tanto el resto fugaba"
Ante la resistencia del ERP acudieron más fuerzas: una compañía de la Policía Militar 101, el Destacamento de Movilización Nº1 de Gendarmería Nacional y efectivos de las policías Federal y de Provincia. Solo contra todos ellos, Hugo Colautti mantuvo el combate durante dos horas.
Alrededor de las 23 finalmente cesó la resistencia. Hugo cayó al suelo herido en una pierna. Logró llegar a una casa humilde, a doscientos metros de la ruta. Una mujer le abrió la puerta y lo ayudo a entablillarse la pierna. Psó allí toda la noche. Al amanecer, unos vecinos del barrio se ofrecieron a ayudarlo. Desde otra vivienda, Hugo llamó a una compañera (Rita Silva), que fueron con el abogado Gustavo Maniloff en su busca. Como pasaba el tiempo y Hugo se desangraba, un vecino propuso llevarlo a un hospital en la única camioneta que había en el barrio. El dueño de la pickup al enterarse que su pasajero era un civil herido, lo delató a la policía. La casa fue rodeada por varios patrulleros. Uno de los efectivos apuntó al herido con una pistola ametralladora para fusilarlo delante de los vecinos. Muy exhausto, con sus últimas fuerzas, Hugo Colautti les gritó "¡Asesinos!, Mátenme, hijos de puta, el pueblo los condena!". El oficial al mando bajó el caño del arma de quien pretendía ejecutarlo y dio la orden de llevarselo. Hugo Colautti fue entregado al ejército. Se encuentra desaparecido hasta hoy.

Cobardía

Quienes cumplían el servicio militar en el Batallón afirman que "el ataque ya se sabía que iba a pasar". Incluso tres o cuatro días antes de la batalla de Monte Chingolo, algunos colimbas aprovecharon ese clima de alerta para hacerse una escapadita. Uno de ellos se alejó lo suficiente y efectuó un disparo al aire, mientras que otros gritaban "¡Empezó el ataque, empezó el ataque!" Los oficiales, aterrorizados, corrieron a encerrarse en su Casino, y los conscriptos, con todo el terreno libre, se fueron a tomar un vinito al bar.

(ya en el combate)...como el grupo guerrillero había sido dispersado, sufriendo por lo menos 3 bajas (2 muertos y un herido) sólo dos combatientes de la unidad de Aída consiguieron llegar a la rotonda de Pasco. Aída, que ignoraba lo ocurrido con los ausentes, les dijo a sus compañeros: "Ustedes vayan, yo voy a buscar a los que faltan"
La Flaca (Aída) regresó sola al lugar de contención, mientras los soldados removían el camión incendiado y los vehículos comenzaban a avanzar sobre el puente. "La zona estaba invadida por el enemigo, pero lo intenta, sabía que era prácticamente imposible salir de ahí, pero ella era resposable del grupo, responsable de sus vidas" relató un ex-militante.
Felipe "seguía tirado, medio muerto, medio escondido, debajo del puente. Ya no se escucha más nada de nosotros. Se ve que los compañeros o estaban muertos o... no sé, se habrían retirado. A Rosita II no la veía, así que me quedé ahí, al lado del arroyo, abajo del puente". Escuchaba a los militares que se gritaban entre ellos: "Ya está! Ya está liquidado!". Uno decía "Dale!", otro respondía "Nooo!" y un tercero:"Vamos, arrancá!". Según Felipe "tenían mucho cagazo los tipos uno o dos les bajamos. Preguntaban '¿Y el teniente fulano, dónde está?' 'no sé, loco, no sé', respondían asustados. Después gritaban 'Vamos, vamos', ¡pero no arrancaban!"

El conscripto Torregino afirma que "los oficiales se quedaron atrincherados en el casino de oficiales, sabían del ataque y no se movieron de ahí. Atrincherados y escondidos, todos en el casino. Uno de los chicos (soldados) muertos (esto nunca lo hablé con nadie) esto es bastante distinto a lo que vas a leer en las versiones oficiales, estoy con el 99 por ciento de seguridad que lo mataron los oficiales, porque el pibe estaba en el puesto que está atrás del casino de oficiales. Cuando empieza el tiroteo se repilega. Agarra el fusil y sale corriendo, y lo bajan en el camino.
En mi vida vi gente tan cagona como los milicos, preparados nada más que para castigar al pueblo, pero terriblemente cagones, basura total"

Apoyo del Pueblo

Otro de los guerrilleros sobrevivientes del flanco izquierdo aprovechó la noche para romper la ligustrina y pasar el alambrado. "Me dirigí hacia la villa. Los helicópteros la sobrevolaban disparando indiscriminadamente donde iluminaban". Un vecino, que lo vio caminando por una calle interna con la camisa rota y ensangrentada le dijo:
- Muchaco, ¿qué le pasa?
- Soy del ERP y vengo del copamiento del Batallón 601
- ¡Pero usted no puede seguir caminando así por la calle!
El hombre lo llevó a su casa, donde le dio ropa para cambiarse y le ofreció una cama para que descansara. Estando allí "de repente escuché unas ráfagas. Ahí pensé que estaban fusilando a los heridos o detenidos".
El combatiente permaneció durante el día siguienteen su refugio, protegido por el matrimonio que lo albergó y que, tomando mate en la puertade su casa, cuidaba que no hubiera ningún procedimiento en las cercanías. Al anochecer "me dijeron que podía salir y que si prefería me acompañaban hasta la ruta. Pero les agradecí y preferí salir solo para cuidarlos".

Cuidar a la gente

El grupo de Aída ya tenía bloqueado el Camino General Belgrano. A las 18.30 habían interceptado un camión con acoplado y obligaron a su conductor a cruzarlo sobre la ruta y abandonar la zona. Después, los guerrilleros incendiaron el camión. "Como había que taponar eso, empezamos a parar a todo lo que venía por el Camino General Belgrano- Recuerda Felipe- y a algunos los prendíamos fuego".
Felipe detuvo un colectivo de la línea 278 que iba a Quilmes repleto de personas que volvían de hacer las compras navideñas. Hizo bajar a los pasajeros gritándoles: -"¡Váyanse! ¡Sálgan de acá que va a venir el Ejército y los van a matar a todos! ¡Rajen de acá!". Mientras la gente huía despavorida, el chofer seguía sentado.
- ¡Rajá, flaco, rajá, que sino te van a amasijar!- se desesperó Felipe. Carlos, el colectivero, en la actualidad sonríe cada vez que se encuentra con Felipe, y éste le recuerda: "Cuando te saqué de ahí te salvé la vida a vos, eh? Sino eras boleta"
Felipe recuerda que "ellos empezaron a tirar. Había llegado una tanqueta que se puso delante, y para tirar se tenían que poner de costado, en la banquina. Tiraban con la tanqueta y los milicos de infantería también. Por suerte, ya la gente se había ido, nosotros habíamos rajado a toda la gente. Éramos los milicos y nosotros, y ahí nos empezamos a dar"

Asesinatos civiles

Los ametrallamientos desde los helicópteros (buscando "subversivos" que escapaban) provocaron la muerte de Adelina Acevedo, que estaba embarazada y no menos de otras 7 personas, solo en el barrio IAPI, al este del cuartel. Dispararon sobre una canchita de futbol y en la Villa Santa María, al norte del cuartel, José Franco dice que "también hubo muchos muertos".
"Mire! ese terreno que está ahí, estaba lleno de casas, lo bombardearon desde el aire. Los aviones sobrevolaban y hacían picadas"le dijo un vecino del barrio IAPI a Laura Bonaparte.
Según una psicóloga del hospital de Lanús "una paciente a la que atendí vino para consultar si no estaba loca porque quería cambiarse de villa. Soñaba y se despertaba con la idea de los aviones y el terror de las bombas y estallidos, pensando en todos los vecinos que habían muerto durante los bombardeos"
El ex-conscripto Omar Torregino afirmó que "a las 5 de la mañana ya se hacía una seria Razzia, y venían levantando gente y la tiraban al pasto...había una sesión de tortura dentro de mi cuadra. Esta gente que estaba tirada eran obreros, chicos, mujeres. Todo el que estaba en las paradas de colectivo, todo sospechoso, iba para adentro y ahí los tenían tirados en el pasto, apuntándoles. Y ahí empezó parte de mi dolor. tipos con bolsitos, pibes, una mujer embarazada, ¡era atroz!" los militares les pisaban la cabeza y les decían que los iban a matar.
"A medida que las unidades militares que acudieron en apoyo del batallon regresaban a sus bases, fueron reemplazadaspor una agrupación de la Gendarmería Nacional. Los Gendarmes son los peores, la fuerza más represora que hubo en esa época fue la Gendarmería. Eran tipos grandotes, tipo ropero. Yo seguí haciendo guardia en el puesto de Verificación y ellos venían a la noche a ver si pasaba algo, y se ponían a contar anécdotas. Las anécdotas que contaban eran, por ejemplo: Frente al batallón hay una villa. No es villa villa, pero es un barrio muy humilde (el barrio IAPI). Nosotros estábamos muy encariñados porque era nuestro nexo con el mundo. Yo hablaba con los tipos de enfrente, me compraban cosas, le comprábamos a ellos... Los gendarmes contaban que parte de la "joda" era culearse a las minas delante del marido. Decían: 'lo pusimos al negro contra la pared y le cogimos la mina'. O por ejemplo, otro 'chiste' era pasarle con la tanqueta por arriba de las casas de chapa, hacerles mierda las casas. Y otra, era matar a cualquiera de la villa y tirarlo del alambrado para adentro, para sumar cadáveres 'subversivos'"

Cuidado de los colimbas

Los guerrilleros se acercaron hasta unos quince metros de la guardia. Alli estaba el soldado Horacio Botto. "Estando herido en el piso siento que me pegan una patada. Me doy vuelta y veo que era un guerrillero apuntándome en la frente con una escopeta. Y un compañero le decía 'Matalo, que está vivo'. Pero el muchacho que me apuntaba gritó '¡No!, que es un colimba'. Entonces me dejaron. Conmigo no se portaron mal, nos tiraban porque les tirábamos".

"'¡Hijos de puta!', les gritaba yo, y después escuchaba toda la sarta de insultos que me mandaban" recuerda uno de los soldados de la Guardia. "Se insulta tanto el que ataca como el que defiende, ¿no es cierto? El problema era con los oficiales y suboficiales. Los guerrilleros los puteaban en la cara. A nosotros nos decían 'No tiren! no es con ustedes la cosa"
En los cinco o seis puestos de guardia que estaban dispersos en el Batallon, estaban los pibes con su fusil en el piso, tomando mate. En la mayoría de los puestos, los guerrilleros te gritaban:'No, pibe, largá el fusil. ¡Rajá, largá el fusil y rajá!'. Ellos no querían matar a nadie de los colimbas".
Junto a 5 guerrilleros había quedado un conscripto herido. El soldado estaba tirado y lloraba. Julio lo tranquilizo y le dijo que se quedase boca abajo sin moverse, pues le dolía la herida. Estaba llorando a lo loco.
- Calmate, flaco, está todo bien, no te vamos a hacer nada- le decía "Panchulo"
- No me maten- rogaba el colimba
- No, quedate tranquilo, que no te vamos a matar- y le acariciaba la cabeza. Panchulo tenía 8 tiros metidos en el cuerpo.

Asesinato de prisioneros

A la mañana siguiente, en una de las calles internas de los galpones, un soldado vio a un combatiente del ERP herido en el estómago, sentado en el piso y con la espalda apoyada contra la pared. Alrededor de las 10 de la mañana llegó un jeep con varios militares que lo rodearon. El guerrillero no disparó. Sólo le pidió al que tenía más cerca "Dejame ir", los militares lo atraparon y golpearon violentamente. Después lo subieron al jeep y se lo llevaron para la Jefatura de la Unidad. Era Abel Santa Cruz Melgarejo, un salteño de 21 años que fue asesinado en forma brutal: su cuerpo fue abierto en canal (atravesando todo el torax) con una bayoneta.
Un ex-conscripto dijo que "a un tipo lo metieron en la sala de tortura (en la jefatura de la unidad) y el tipo gritaba: 'la convención de Ginebra! no me torturen!' Y al tipo lo mataron. Yo hablé con el torturador, y con cara de bueno me decía: 'viste? tener que sacarle cosas a este muchacho...' poniendo cara de bueno y era un hijo de puta". Los torturadores le habían quemado el rostro y el cuerpo con un soplete.
La noche anterior, los militares detectaron la presencia de oponentes en la caldera de la Compañía de Servicios. Con cuidado habían abierto las puertas del cuartito iluminado con sus linternas en su interior, descubriendo a los cuatro guerrilleros heridos que noa habían podido ser evacuados. Dos de ellos ya habían perdido el conocimiento, los 4 estaban acostados. Con las puertas del cuartito abiertas, el blindado M-113 se ubicó frente a la caldera y con su ametralladora antiaérea calibre 12,7mm, sin que mediara exigencia de rendición alguna, tiró contra todo lo que había en su interior. El lugar se transformó en un infierno. Los disparos se prolongaron, despedazando los cuerpos de los guerrilleros.
El combate había terminado, comenzaba la "fiesta" para los militares. "Sáquenles las orejas" decía uno luego de matar a los prisioneros. Nelly y Horacio fueron llevados a la Jefatura del batallón e interrogados en medio de feroces torturas. El torturador de Nelly, apodado el "Gitano", le hizo tres cortes en canal de 25 cm y le clavó dos veces la bayoneta en los glúteos. La causa de la muerta segun el forense fue "hemorragia interna y externa aguda por las groseras heridas de arma blanca descriptas". El informe forense dice de Horacio Stanley describe las fracturas en ambas piernas que sufrió cuando lo ataron a una tanqueta y con él embistieron una pared. Oscar Torregino recuerda que "no se a quién lo habían atado al carrier y lo iban a chocar para hacerlo mierda". Como Horacio sobrevivió al impacto, un militar lo remató disparándole en el cuerpo.

Falta de Honor

Los pobladores de las villas periféricas fueron al cementerio a reclamar por los cuerpos de los seres queridos. El 25 de diciembre, Navidad, los militares disolvieron a balazo limpio al grupo de familiares que pretendía ingresar a la necropolis.

El viernes 26 a la tarde, dos militantes del frente legal del ERP le dijeron al doctor Eloy Monzón que su hijo Ismael había muerto en el combate de Monte Chingolo.
Fue al Batallon pero le gritaron
- Retírese inmediatamente! Acá no tiene que venir más, vaya a la Unidad regional de Lanus.
De Lanus lo mandaron a la seccional 4º de avellaneda. "Alli no me trataron bien. Me provocaron, cuando dije a que iba. Cuando ya estaba oscureciendo, agarraron un farol tipo sol de noche y me subieron a una camioneta militar que estaba en la comisaría (porque el Ejercito estaba ahi tambien) y me llevaron al cementerio de Avellaneda. Era una camioneta descubierta de color verde oliva. En la cabina iba el chofer y un superior. Yo iba atrás con cinco o seis milicos, todos armados, que me custodiaban. Por ahi se escaparon varios tiros. Los milicos me decían: '¿A qué venís? ¿Qué vas a ver ahí? ¡Hay un olor a podrido bárbaro y gusanos! ¡No vas a reconocer nada!'. Yo no les contesté, los miraba nada más, hasta que llegamos al cementerio, que estaba tomado por los militares. Fuimos con la camioneta hasta el final del camino y me bajé allá. Cuando se bajan los milicos, un superior les manda poner rodilla en tierra y me apuntan a mí. Después vino otro con el sol de noche, un reflector grandísimo, porque ya estaba oscuro. La camioneta había quedado lejos. Mi mujer, que me acompañaba, se quedó adelante. Y ahí vi donde estaban todos los chicos tirados. Fui caminando con el tipo que llevaba el sol de noche. Él se puso algo en la nariz. Estuve muchísimo tiempo ahí. El tipo me gritaba: 'Apurate, hijo de puta, que no aguantamos más el olor a podrido!' Yo le dije: 'Si usted se quiere ir, váyase!, y déjeme el farol'. No me contestó.
La escena era macabra. Yo iba y venía, veía compañero por compañero, a ver si lo podía individualizar a Ismael. Estaban boca arriba, de cara al cielo, uno al lado del otro, un poquito distantes, como a medio metro uno de otro. Estaban en las inmediaciones de la morgue, tirados en un campito. No había tumbas. Vi que los chicos estaban todos en una misma posiciçon, con la cabeza para el mismo lugar, estaban en orden. Ya les habían cortado las manos para identificarlos. Estaban todos peladitos. Después me enteré que les habían quemado el pelo con un soplete, en el cuartel. La mayoría de los chicos estaban aplastados, los habían pisado con una tanqueta (después nos enteramos por algunos conscriptos que algunos los pisaron vivos durante el combate, estando heridos en el piso) A la derecha, aparte, había otra fila, la de las chicas. Algo las vi. No se para qué estaban desnudas (evitamos comentarios de un conscripto a este respecto por ser demasiado morbosos).
Algunos tenían la cara más o menos bien, otros no. El cuerpo de casi todos estaba reventado. Con mucha tristeza que no podía reconocer a mi hijo, era imposible, estaban destrozados. Y bueno, entonces me fui, me resigne a irme, no lo reconocí".
"Los tipos que me volvieron a llevar de vuelta me provocaron todo el viaje. ¡No viste que te habíamos dicho que a qué venías! ¡Lo único que hay ahí son gusanos! y meta a escaparse tiros a cada rato hasta que llegamos a la seccional. Estaban borrachos. Yo pensé que por ahi lo reconocía a Ismael y me lo entregaban, pero como no lo reconocí... asi que no pude rescatar a mi hijo.

El honor

Alrededor de las 23, los 15 guerrilleros ocultos en la caldera se prepararon para abandonar el cuartel.
Darío tuvo un último gesto de despedida. "Cuando nos vamos retirando busqué el cuerpo de teresa. Estaba muy oscuro pero igual lo pude encontrar, reconocí su rostro. Estaba cubierto de sangre seca, tenía varios tiros en el pecho y en un costado. Antes de dejarla, me agaché, la mire por última vez y le di un beso en la frente".
Los guerrilleros comenzaron la retirada arrastrándose en dirección al alambrado de tres metros de altura que rodeaba el perímetro del cuartel.
"Cuando empezamos a salir Horacio Stanley me dijo:
- Che, Cuky no salió
- Igual hay que seguir adelante- respondió el teniente guerrillero.
Y me pidió por favor permiso para regresar e ir a buscarla".
- Bueno, vas. Pero te vas hasta ahí y te la traés. Si no la encontrás, te venís pero ¡ya! rápido.
Carlos, arrastrándose, desapareció entre las sombras. "Ellos se conocían de antes, de Rosario. Él la estimaba bastante y eran buenos amigos. "los dos volvieron con los heridos.
"Sentí una mezcla de tristeza y bronca, al ver que teníamos que dejar 4 compañeros porque ya no podíamos cargar más heridos de los que llevábamos, y no podían moverse" Pero eso se transformó en orgullo al escuchar que desde la caldera los compañeros cantaban la marcha de nuestro ERP"
Los conscriptos Torregino y Benítez, ocultos en el puesto de Verificación, cuentan que en aquel momento (y a cien metros de distancia) "los escuchamos cantar"

Honduras: tortura y muerte

Fotos: Detenciones arbitrarias, aparición de cadáveres con signos de tortura.

En las noches de Honduras impera el terror. La dictadura ha convertido a Honduras en una inmensa cárcel donde las noches son aprovechadas por jaurías de policías y militares que allanan, torturan y saquean.
De noche en Honduras lo que recorre las calles es el terror con botas, cascos y uniformes. Vehículos con militares y policías encapuchados patrullan las calles en las noches disparando contra los barrios y casas. Salen a toda velocidad de las comisarías para regresar al poco tiempo con las camionetas repletas de ciudadanos golpeados, humillados, sangrantes…
La noche con toque de queda es el escenario preferido por los sabuesos. El toque de queda, sin garantías constitucionales, sin cámaras de televisión, ni multitudes en las calles, es el momento que aprovechan los perros de la dictadura para sembrar el terror. Anoche pudimos recorrer varios barrios (colonias) y esto fué lo que vimos:
Nos avisan que en una de las escaleras de un barrio un comando policial llegó de forma intempestiva y van a allanar una vivienda. Se trata de la casa de una pintora muy conocida en el vecindario. Al doblar de una escalera 8 policías como gatos en la oscuridad rodean la casa. La casa está pintada de rosado y tiene un grafitti contra el golpe en la fachada. Los policías golpeaban la puerta con palos. Rompen los vidrios de la ventana. Uno de los policías con una bomba lacrimógena en mano calcula el ángulo para lanzarla adentro de la casa. El vehículo identificado como Policía Nacional los espera en la parte de abajo de las escaleras. El policía que conduce, da la voz de alerta de que un grupo de periodistas los estamos grabando. El jefe de la operación (Sub-comisario García) nos tapa el lente de una de las cámaras. Otros se tapan el nombre cosido en su chaleco. Hay vecinos que abren sus puertas y ventanas confiados en la presencia de la prensa internacional y les gritan, los denuncian. Los policías tratan de replegarse. El policía identificado como García se justifica argumentando que él vive en ese vecindario y que no soportaba que su vecina hubiese pintado en la fachada: “GOLPISTAS: EL MUNDO LOS CONDENA”, “VIVA MEL”. Ese fue el argumento del funcionario para desatar el terror contra una humilde mujer. Miembros de organizaciones de Derechos Humanos y del Frente de Abogados contra el Golpe se hacen presentes y los policías huyen acosados por la denuncia. La mujer, que temerosa al fin abrió la puerta, también salió del barrio. Fue a dormir a un lugar seguro, ante la amenaza de que volviesen a por ella más tarde.
Un joven como de 20 años camina por una calle oscura en plena noche. Tiene el rostro bañado en sangre y una herida en la frente de unos 5 centímetros. Va descalzo. Nos explica: estaba en la puerta de su casa cuando una camioneta de la policía apareció en su calle y sin mediar palabra se bajaron y le golpearon entre varios. Lo tiraron encima de la camioneta y arrancaron con él. Mientras daban vueltas y lo pateaban, le revisaron los bolsillos despojándolo de un celular y de su reloj. Seguía tirado en el piso de la camioneta mientras escuchaba a los policías discutiendo sobre quién se quedaba con el reloj y quién con el celular. Lo dejaron botado lejos de su casa. El joven no quiso hacer la denuncia. No quería más “clavo” con la policía, estaba aterrorizado. Sólo pedía que lo lleváramos a su casa.
Otro joven es detenido en la esquina de su barrio. Antes de montarlo en la camioneta, cuatro policías le dan una paliza. Luego le vacían un pote de pintura en spray en la cara. El joven respira con dificultad. Nos cuenta en el hospital mientras le limpian la pintura de los ojos inflamados por los golpes que uno de los policías le decía mientras lo golpeaba: “¿No sos de la resistencia? Pues resiste!”
En un puente hay una alcabala. Nos detienen y entablamos conversación con los policías sobre cualquier tema para poder seguir. Un vehículo que pasa por allí se da cuenta de la alcabala y retrocede lentamente. Uno de los policías que nos dió el alto, mira al carro retrocediendo y nos invita divertido a ver lo que va a pasar, pero obligándonos a tener las cámaras apagadas. Bajo el puente, por la calle que tomó el carro que trató de evitar la alcabala, hay un grupo de policias cazando a los que traten de evadirse. Lo detienen. Desde arriba del puente no se ve bien pero se escucha… se escucha la puerta que se abre… se escucha la rabia y los insultos de los policías, los golpes contra el carro… se escuchan otros golpes y los gritos del conductor. No escuchamos más. El carro siguió al rato.
Se escuchan disparos en una avenida que va paralela a un barrio popular. Una camioneta llena de policías es la que dispara en la noche, a ciegas contra las casas del barrio. Van despacio. Nada los amenaza. Disparan una y otra vez. Ni siquiera apuntan. Sólo siembran el terror a su paso.
En una comisaría a medianoche, los miembros de organizaciones de derechos humanos, abogados y prensa internacional preguntan por los detenidos, que acabamos de ver que bajaron de una patrulla pick-up (eran como 10). Sarcásticamente, el oficial nos dice que allí no tienen a nadie preso. Pero los presos gritan que son de la resistencia. Gritan sus nombres. El oficial sigue negando lo que es evidente. La insistencia de los abogados y de los defensores de los derechos humanos logra que suelten a la mitad de los detenidos y que un médico venga a esa hora a constatar el estado físico del resto. Todos golpeados, sangrando. En la mañana los abogados de la resistencia lograron que los soltaran.
En otra comisaría, tras un portón negro, se escuchan las voces de al menos una veintena de personas recitando sus nombres. Afuera unas cuantas madres y esposas tratan de establecer contacto con su familiar, tratan de reconocerles la voz. Los uniformados ríen ante la escena. Se acercan y golpean contra el portón… …y contra los familiares.
En otro barrio, en las alturas de Tegucigalpa, alrededor de 40 uniformados, entre policías y militares, avanzan apuntando fusiles de guerra hacia las casas. Cuando se pregunta quien es el comandante de esa operación todos los uniformados nos señalan a un militar. Este dice que es una operación de rutina, porque el “gobierno no va a seguir permitiendo desordenes” y que “lo que pase a esa hora no es su responsabilidad porque hay toque de queda”. Las credenciales de prensa internacional y de organizaciones humanitarias logran difícilmente abrirnos paso y continuar. Los uniformados se alejan. Las luces de las casas en el barrio se van encendiendo a medida que el escuadrón del terror se aleja. Nadie sale, pero se escuchan gritos: “Asesinos”, “Urge Mel”, “Viva la Resistencia”.
Estos son apenas algunos casos de los que pudimos ver en una noche. Todos los días ocurre lo mismo. No se sabe cuantos detenidos hay cada noche. No se sabe cuantos cuerpos son rotos, maltratados, humillados en las noches de Honduras. No se sabe cuantas mujeres son violadas. No se sabe los nombres, las edades, no se conocen los testimonios… porque para eso son los toques de queda. Para que la jauría de asesinos que sostienen esta dictadura siembren el terror sin que trascienda a los medios y para que las víctimas se inmovilicen y no hagan la denuncia.
En las noches de Honduras, no brillan las estrellas. Sólo las luces de las patrullas y la sangre de los que caen en manos de la jauría uniformada. Botas y más botas en las calles, en las espaldas, en los rostros de los hondureños. Y a pesar del terror que siembra cada noche la dictadura, no hay miedo. La resistencia continúa.
Cuando sale el sol, hay marchas, tomas de calles, movilizaciones pacíficas pero desafiantes y contundentes. Los que se curan de las heridas quizás no los veamos durante algunos días en las protestas, pero la voz se corre y la indignación por lo que está pasando hoy en Honduras hace que muchos más se incorporen. 90 días de resistencia. Cuerpos contra balas. Los organismos de derechos humanos dan cuenta de más de 600 detenidos de los que se tiene conocimiento. Pero muchos son detenidos y torturados en la noche y no denuncian por miedo. Honduras necesita que el mundo reaccione más rápidamente ante la terrible violación a los derechos humanos que está ocurriendo. La diplomacia no basta. Es urgente que el mundo actúe, aquí en Honduras y ahora.
PD: Las organizaciones de derechos humanos y abogados solidarios hacen una labor incansable por atender a las victimas, por acompañar las denuncias, por llevar registros. Pero no tienen recursos. No cuentan con lo mínimo. No tienen como llenar el tanque de gasolina para trasladarse a los lugares, no tienen saldo en los teléfonos para hacer las llamadas necesarias. Y aun así hacen magia para defender los derechos de sus compatriotas. Llevan 90 días haciendo magia y es mucho lo que logran. La sede de Cofadeh está llena a toda hora de gente que va a denunciar los atropellos vividos, y llena también de gente que va a apoyar su labor. Muchos y muchas dirigentes de estas organizaciones de derechos humanos han sido perseguidos, encarcelados para tratar de acallarlos. A pesar de las dificultades siguen siendo el único lugar a donde acudir para buscar refugio ante la represión. Es Urgente la solidaridad pueblo a pueblo, que los organismos de derechos humanos de otros países, los comités de solidaridad se pongan en contacto con ellos y los apoyen, divulgen sus denuncias, envíen apoyo a esas organizaciones que en Honduras luchan contra el Terror de la Dictadura.